encuesta de la firma Polister.

El sondeo, realizado entre el 1 y 2 de mayo sobre mil entrevistas telefónicas, muestra que el impacto del expediente abierto por el Departamento de Justicia de Estados Unidos se trasladó al plano político y electoral. La acusación contra Rocha y otros nueve funcionarios sinaloenses por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa detonó una crisis interna en Morena.

El dato más delicado para el oficialismo es que el 79.9% de quienes están enterados del caso considera que el escándalo afecta la imagen de Morena, y dos tercios de ese universo creen que el daño es "significativo". La encuesta también exhibe costos para la propia presidenta Claudia Sheinbaum. El 48% considera que la reacción de la mandataria fue insuficiente y que debió actuar con mayor firmeza frente a Rocha, contra un 38% que respalda su respuesta.

Ese dato corresponde a la estrategia del gobierno federal en los últimos días, mientras la Fiscalía General de la República cuestionó la solidez jurídica de la solicitud estadounidense y pidió ampliar la información del caso, el gabinete de seguridad se trasladó a Sinaloa para blindar la transición temporal en el estado y respaldar a la gobernadora interina Yeraldine Bonilla.

Otro dato que inquieta al oficialismo es el reclamo social de una salida definitiva. Según Polister, el 53% considera que Rocha debería renunciar definitivamente y no regresar al cargo, incluso si la investigación sigue abierta. Apenas el 40.1% cree que podría volver si demuestra su inocencia.

Ruben Rocha Moya anunció el viernes 1 de mayo, que solicitó licencia como gobernador de Sinaloa.

Cuartoscuro.

La encuesta también revela un quiebre de confianza institucional, el 46.8% preferiría que Rocha fuera juzgado en Estados Unidos, frente a un 45% que cree que debe enfrentar la justicia en México. Pero quizá el dato más sensible para Morena es otro, el 71.9% cree que Estados Unidos podría presentar acusaciones similares contra otros funcionarios o exfuncionarios cercanos a la 4T.

En Morena saben que el problema ya no es sólo judicial. El caso Rocha abrió una crisis política que llegó a la percepción pública y que puede escalar hacia otros nombres de la 4T, un escenario que inquieta al oficialismo.