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Octavio Fabela Ballinas
Tijuana.- Luego de que un juez de distrito otorgó la suspensión definitiva en el Juicio de Amparo 1597/2018, las autoridades municipales deberán abstenerse de hacer expresiones públicas en las que se sugiera que es la población migrante la causante de alguno de los problemas sociales de la ciudad y la policía municipal no podrá remitirlos ante el Instituto Nacional de Migración por su estatus migratorio.
Graciela Zamudio directora de Alma Migrante explicó en entrevista que esta resolución la puede invocar cualquier migrante que sienta que sus derechos están siendo vulnerados por la actuación de la autoridad municipal, como por ejemplo al solicitarle que exhiba algún documento sobre su estadía legal en el país o que pretenda remitirlo al INM por alguna falta administrativa.
Explicó que el juicio de amparo 1597/2018 se inició ante el juzgado tercero de Distrito con sede en esta ciudad luego de que tras la llegada de la primera gran caravana de centroamericanos el alcalde Juan Manuel Gastélum se refirió a ellos alegando que “solo tienen derechos las personas que están derechas” y en esos mismos días el secretario de Seguridad Pública, Marco Antonio Sotomayor anunció que las personas que cometieran alguna falta administrativa serían canalizadas al INM para su trámite de deportación.
Abundó que de acuerdo con la resolución del juzgador “no existe una ley que regule la actividad de las autoridades municipales en relación a los migrantes, además de que basado en la Ley de Migración, este orden de gobierno carece de facultades para hacer el trabajo de inspección del estatus migratorio de las personas”.
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