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Octavio Fabela Ballinas

  1. - Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió no conocer sobre el juicio para la Protección de los Derechos Políticos de Jaime Bonilla Valdés y reencausó el recurso al Tribunal de Justicia Electoral para que la instancia bajacaliforniana resuelva sobre la impugnación de la Constancia de Mayoría que recibió el gobernador electo el pasado 11 de junio.

Por la vía “per saltum” el 14 de junio, Jaime Bonilla impugnó su constancia de mayoría pues en el documento que recibió de manos del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral Clemente Custodio se asienta que tras la jornada del pasado 2 de junio el candidato por la Coalición Juntos Haremos Historia en Baja California resultó electo para gobernar en el periodo de que comprende del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

 

El periodo durante el que Jaime Bonilla Valdés será reconocido como gobernador constitucional de Baja California es el que establece la reforma constitucional del 2014 y que dos veces previas ratificó el tribunal federal electoral primero en su Sala Regional Guadalajara y después en la Sala Superior.

De acuerdo con el proyecto de sentencia para el expediente SUP-JDC-115/2019 que presentó esta tarde al pleno de la Sala Superior la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, el recurso resulta improcedente para ser resuelto por el tribunal federal pues no se agotó la primera instancia y por eso reencauzó el expediente hacia el tribunal estatal.

Para su determinación la magistrada observó que la sola Constancia de Mayoría no representa un hecho definitivo pues la Ley estatal prevé recursos para inconformarse además de que debido al Federalismo Judicial, los tribunales estatales deben conocer y resolver los asuntos dentro de su territorio de competencia, además que la toma de protesta como gobernador de Bonilla Valdés será hasta el 1 de noviembre.

Este es el octavo intento que Jaime Bonilla hace de modificar el periodo de gobierno para el que fue electo, unos ante los tribunales y otros mediante una acción legislativa. Por el momento ninguno le ha funcionado.

 
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