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Octavio Fabela Ballinas
Tijuana.- La discusión sobre la desincorporación de seis predios para ser vendidos por el Ayuntamiento y con el producto de la transacción cubrir el mandato judicial de pago a las empresas Roma Food Enterprise de México, S.A. de C.V. que supera los 200 millones de pesos y a la televisora por cable propiedad de Jaime Bonilla Valdés, por tres millones de dólares provocó que regidores y el propio alcalde asumirán posturas propias de candidatos a un puesto de elección que la de servidores públicos del XXII Ayuntamiento.
Finalmente con la aprobación de los ediles emanados del Partido Acción Nacional más el voto de los regidores Marco Antonio Romero Arizpe de Morena y Luis Torres Santillán se aprobó la desincorporación de dos de los seis predios pues se comprobó que los cuatro restantes están invadidos por particulares.
Durante la Trigésima Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo, fue el regidor Arnulfo Guerrero León de Acción Nacional y quien buscará la reelección el primero en hacer señalamientos personales en contra del regidor de Morena, Manuel Rodríguez Monárrez, que debido a que presume cercanía con Jaime Bonilla, abogue por la ciudad para que se reduzca o elimine la exigencia de pago de tres millones de pesos.
Juan Manuel Gastélum Buenrostro también aprovechó para exponer que “como abogado aquí hay alcalde” y recordó que a quienes anteriormente lo denunciaron penalmente por la renta de los camiones recolectores de basura a la empresa Turbofin “les gané porque soy una persona de probidad y la venta de estos terrenos no tiene vicios ocultos” por lo que pidió que el regidor de Morena sea mediador ante Bonilla y el magistrado que lleva el caso de Roma Foods “pues es hijo de una diputada de Morena”.
Ya encarrerado en lo que parecía un discurso electoral advirtió a los regidores del PRI Adriana Ornelas Maravilla y Miguel Pérez Torres, ambos suplentes y por eso dijeron abstenerse, les advirtió que “serán citados por el Agente del Ministerio público lo mismo que quienes votaron en contra”.
“Su abstención que podría ser considerada una omisión para dar cumplimiento a una resolución mandada por la autoridad federal sobre este caso, que data desde la administración del exalcalde Jorge Ramos” les advirtió.
En ese sentido, declaró que la necesidad de desincorporar los predios para su venta fue completamente premeditada y con conocimiento del derecho, y bajo esta aseveración sostuvo que en un principio deberán cumplir con lo establecido por la federación, para posteriormente declarar la nulidad del primer juicio concluido.
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