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* Hasta que vieron en serio las sanciones, se apresuran a mejorar su cumplimiento de la información pública

* Fueron sancionados 4 partidos, dos sindicatos, y están apercibidos 4 partidos, que tienen que cubrir sus deficiencias para la semana próxima

Tijuana, 12 de junio de 2018.- En términos reales, los actores públicos tienen poco o ningún interés en lo que se refiere a la rendición de cuentas ante la población; hasta que empezaron a ver que las sanciones se están aplicando en serio, se apresuraron a mejorar su cumplimiento de la información pública.

Así lo advirtió la comisionada del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Baja California (ITAIPBC), la licenciada Elba Manoella Estudillo Osuna, en el marco del foro de la Asociación Nacional de Periodistas A.C. (ANPAC), donde informó que este año se ha sancionado a 4 partidos y dos sindicatos.

También expuso que se encuentran apercibidos 4 partidos políticos, los cuales tienen como plazo perentorio para cumplir los requerimientos a más tardar la próxima semana.

Toda vez que por decreto se les otorgó una prórroga a todas las instituciones públicas y demás sujetos obligados a rendir cuentas a la población, para que asignaran personal para esa función y se capacitaran, a más tardar para el 31 de diciembre de 2017, pasada esa fecha, este año ya no hay contemplaciones para nadie.

De esa manera han prosperado 60 denuncias de personas que solicitaron información pública y se las negaron, además de que en los portales de las instituciones no existía, y se iniciaron los procedimientos primero de confirmación, luego de apercibimiento, y finalmente de sanciones, las cuales van inicialmente por 12 mil 90 pesos.

Entre los primeros sancionados están el PVEM, el SUTSPEMID de Tijuana, el partido Morena, el PRD, el SUTSPEMID de Rosarito, y el PRI, en el orden cronológico como se fueron apercibiendo y sancionando, y de estos, el SUTSPEMID de Tijuana (Sindicato de Burócratas), ya va por segunda multa, ascendiente a más de 24 mil pesos.

Las sanciones se van multiplicando conforme a las negativas de cumplimiento, hasta llegar a los 120 mil pesos, que hasta el momento no se cree llegue a suceder, pues han visto que con estas primeras ejecuciones de sanción sujetos obligados que estaban entre el 0 y 3% de cumplimiento, suben al 70 u 80%.

En todo el estado hay 152 sujetos obligados a proveer información pública, y se observa que especialmente los partidos políticos, todos, estaban en niveles de cumplimiento del 0 al 3%, pero después de ser sancionados han elevado su estatus al 70-80%, e incluso algunos están pidiendo prórrogas, porque en unos días tuvieron que hacer lo que no hicieron en año y medio.

El cobro de las sanciones, sin embargo, lo realiza la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado (SPyFE), y lamentablemente no hay un mecanismo oficializado de que el recurso se destine al propio ITAIPBC, por lo que corre el riesgo de que el Estado se lo quede y le dé otro destino; sin embargo, el Instituto de Transparencia reclamará que se lo asignen para su fortalecimiento.

Elba Estudillo recordó que el pasado año 2017 los Ayuntamientos de Tijuana y de Mexicali fueron los más rezagados en su acceso a la información pública de entre los cinco municipios, y destacó la controversia que se generó entre el gobierno municipal de Tijuana y el ITAIPBC por la negativa de abrir al público la información de los contratos de renta de camiones de basura y de patrullas.

Después de que se demostró que no había motivo alguno para mantener bajo reserva esa información, el ITAIPBC observa que mejoró en un 60% el cumplimiento del Ayuntamiento de Tijuana en su rendición de cuentas, y actualmente está en un nivel de 80-90%, pero todo, gracias a las presiones de los ciudadanos.

Del Gobierno del Estado observa la comisionada del ITAIPBC que no hay una manera confiable de medirle su cumplimiento, ya que mientras la Oficina del Ejecutivo Estatal cumple en un 45%, la SPyFE cumple en un 34% y la Secretaría de Salud solo en un 4%, por lo que si promediaran las 49 dependencias estatales daría un 25% que sería injusto para las que sí tienen un cumplimiento más alto.

De todo esto se observa que los sujetos obligados a proveer información pública son renuentes a entregarla, porque representa más carga laboral y de obligaciones que ni siquiera contemplaban.

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