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* No solo agrupaciones de transportistas, también Organizaciones de la Sociedad Civil lo exigen, por seguridad y apego a la legalidad

José Ángel Inzunza Mendoza

Tijuana, 16/5/18.- Por muchos años la población ha reclamado que se acabe con el transporte irregular; así como se quejan los usuarios del transporte público contra las unidades “chatarra”, los choferes que juegan carreras, son groseros o escuchan música a elevado volumen o visten estrafalarios, también exigen control, seguridad y apego a la legalidad.

Agrupaciones de transportistas protestan no solamente por la competencia desleal, pues las aproximadamente 3000 o 3500 unidades “piratas” que circulan, ya sea en calidad de taxis “clonados” o unidades “amparadas”, no solamente les quitan pasaje a los transportes regularizados… es sobre todo inadmisible que operen en total ilegalidad.

El fenómeno de unidades de transporte “clonadas” y/o amparadas, se dio por la corrupción acusada durante varios años del magistrado Roberto Alfonso Vidrio Rodríguez, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a quien, después de muchas exigencias ante los diputados del Congreso del Estado, se logró que cuando menos fuera removido hacia Ensenada.

También se impidió que fuera nombrado o ratificado como magistrado supernumerario.

Se detectó incluso que los casos de “clonación” fueron en realidad copias de sentencias del magistrado a determinadas unidades amparadas, o copias de actas certificadas por el Notario Público Número 17, el licenciado Jalil Enrique Weheber Barreiro, quien también tuvo que interponer denuncia penal contra quienes falsificaron documentos expedidos por él.

Los falsificadores usaron documentación oficial expedidas, por ejemplo, a nombre de Juan “N” y los pusieron a nombre de Felipe “X”, luego pintaron vehículos con la numeración indicada en el documento, y ese número, por supuesto, ya estaba en otra unidad perfectamente reglamentada.

Muchas otras unidades fueron “legalizadas” o “autorizadas” por Roberto Vidrio, pero obviamente él no es autoridad para autorizar la operación de vehículos de transporte público; incluso, ni siquiera el Alcalde o el Secretario General del Ayuntamiento, sino el Cabildo, y tiene que estar soportada la solicitud por estudios técnicos y hasta peticiones de residentes de los centros de población a beneficiar con el servicio.

Por todo lo anterior, la iniciativa de ley que cabildea la diputada Mónica Hernández Álvarez en el Congreso del Estado, para castigar penalmente a todos los que operen unidades de transporte público en esas condiciones de irregularidad, o mejor dicho, de ilegalidad, hay suficientes razones de peso para que el pleno apruebe la propuesta legislativa, de manera unánime, sugieren dirigentes transportistas, profesionales del derecho y organizaciones civiles diversas.

“No debe politizarse, ni rechazarla con falsos argumentos de “tintes electorales”, porque no es por ahí; es un asunto de seguridad, de legalidad, de orden urbano y mejor servicio para los usuarios”, expuso el presidente de la Alianza de Transportistas de Tijuana (ATT), Gabriel Lemus Torres.

“Sin duda que debe darse certeza jurídica, no solamente sobre el patrimonio de las familias de permisionarios y concesionarios que cubrieron muchos requisitos para obtener esos permisos y pagan sus impuestos y cumplen la ley y reglamentos; la misma gente debe tener certeza de que al demandar a un chofer no resulte con que no se le detecta porque no existe registro real del acusado como trabajador del volante de tal o cual unidad”, explica el licenciado Miguel Ángel Ordaz García, del Colegio de Abogados Constitucionalistas.

Usuarios del servicio de transporte público en sus diversas modalidades respondieron que si el gobierno tiene control de todas las unidades que brindan ese servicio, pueden subirse tranquilos, pues en un determinado caso pueden hacer una denuncia penal o civil cuando están plenamente identificados, y por supuesto, que en caso de daños, la empresa o el permisionario debe responder mediante una aseguradora o directamente.

En conclusión, solamente quienes operan de manera irregular, beneficiados por la corrupción o la falsificación, se oponen a que se terminen sus beneficios; pero la sociedad los reprueba.

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