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  • Es necesaria una oficina regional de la COMAR, Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados .

Tijuana, B.C. a 30 de enero 2017 - Una mezcla de incertidumbre y carencias sigue siendo el común denominador de los albergues para migrantes que se han ubicado en Tijuana para recibir a las personas provenientes de Haití y África así como migrantes deportados y desplazados mexicanos.

La tensa situación se ha convertido en una compleja realidad que afecta a miles de seres humanos que siguen llegando a Tijuana, huyendo de violencia y pobreza de sus lugares de origen; y que a pesar de las buenas intenciones encuentran un caos en esta ciudad fronteriza.

Ante el camino lleno de injusticias que prevalece para los migrantes y que afecta a quienes ofrecen albergues en Tijuana, el Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria ha presentado una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que como organismo descentralizado investigue la situación y realice las recomendaciones pertinentes al gobierno para que garantice el respeto a los derechos humanos de la población migrante.

Este planteamiento realizado ante la CNDH, menciona Soraya Vázquez -vocera del comité-, se basa en la realidad que nos arroja la actividad de todos los días que nos ha permitido tener el pulso de la crisis humanitaria que se vive en Tijuana por la llegada de esta migración extraordinaria, así como la actitud omisa del gobierno federal lo que provoca una serie de violaciones a los derechos de cientos de migrantes que permanecen en iglesias o centros de rehabilitación que se han convertido en albergues emergentes, carentes de la infraestructura adecuada y de los recursos para atender las necesidades primarias de esta población, ya lo hemos dicho antes pero ahora avanzamos hacia la queja formal como Comité y en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil: Espacio Migrante A.C; Diversidad Migrante; Comisión Ciudadana De Derechos Humanos del Noroeste y Cómplices Comunitarias A.C.

Para el Comité la respuesta de los tres ordenes de gobierno a la crisis humanitaria ha sido insuficiente, el Gobierno Federal, en particular el Instituto Nacional de Migración así como la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos han incurrido en responsabilidad por omisión al negarse a reconocer la existencia de un crisis humanitaria y actuar en consecuencia.

Pensamos que en algún momento el gobierno daría respuesta y atención pero pasan los meses y en lugar de mejorar y avanzar el escenario es cada día peor, es frustrante -comenta Adriana Reyna, también del Comité-; de tal suerte que a la fecha no han implementado un plan de acción para entregar recursos económicos y alimentos de forma permanente, como resultado no se puede garantizar ni la atención integral ni el respeto a los derechos humanos de esta población , ni se puede asegurar la permanencia de los albergues.

El Comité informa que la queja hace énfasis en la ausencia de una política congruente respetuosa de los derechos humanos, con enfoque integral, equitativo que garantice la unidad familiar, procure la integración social y cultural, favorezca la certeza jurídica y garantice el pleno respeto a los derechos humanos de la población migrante. Además apunta la violación de los derechos humanos a la alimentación, a un alojamiento digno y a la seguridad jurídica y pide a la Comisión que investigue e inste al gobierno a asumir su responsabilidad.

El documento presentado incluye la observación de la necesidad de que el gobierno federal instale una oficina regional de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para atender la demanda de solicitantes que se prevé incrementará con el cambio de política migratoria en los Estados Unidos de Norteamérica y para que desarrolle un plan integral de acogida para el estado de Baja California que atienda a migrantes en tránsito que decidan permanecer y regularizar su situación migratoria en México, así como a las personas deportadas y connacionales desplazados.

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