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Las Comisiones, Defensorías y Procuraduría de los Derechos Humanos integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, reafirmamos nuestro compromiso para conseguir que la sociedad mexicana se consolide como una cultura de promoción y respeto por los derechos humanos, y declaramos que:

Las recientes reformas constitucionales que replantearon la Guardia Nacional y la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva no representan, por sí mismas, la solución a los problemas de inseguridad y violencia en el país. Por el contrario, son modificaciones que introdujeron más elementos que contrarían el alcance del respeto a los derechos humanos como mandato del Estado, entre otros, a la presunción de inocencia y por otro lado, las leyes secundarias deberán acotar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública a los límites establecidos en la Constitución.

Ambas reformas a la ley fundamental, debieron plantearse desde la perspectiva de la seguridad ciudadana; sin embargo, dicho enfoque no se privilegió durante la discusión legislativa. El respeto a los derechos humanos y la libre participación de las organizaciones de la sociedad civil, expertos académicos, instituciones públicas y ciudadanos son los elementos que permiten legitimar las acciones y medidas gubernamentales.

La discusión de las leyes que se deriven de las últimas reformas constitucionales debe ser amplia y abrirse a todos los posibles interesados y, particularmente, de quienes han sido víctimas de violaciones a derechos humanos, a fin de que puedan contribuir, a través de un amplio ejercicio deliberativo, en la aprobación de las mismas, buscando que los derechos fundamentales no se limiten más.

El Estado democrático de Derecho requiere instancias de protección de los derechos humanos autónomas del ejercicio del poder público que, en nuestro país, ejercen las Comisiones, Defensorías y Procuraduría que integran la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos. Al respecto, manifestamos nuestra preocupación por las propuestas que buscan afectar presupuestalmente sus funciones, así como de aquellas que desconocen sus características, pretendiendo debilitar el contrapeso que tienen frente a las autoridades.

El Sistema Nacional no Jurisdiccional de Protección a los Derechos Humanos no debe revertirse, sino fortalecerse como garantía constitucional de la sociedad para hacer respetar sus derechos fundamentales, en consonancia con el principio de progresividad, lo que permitirá continuar y ampliar el estudio, la enseñanza y divulgación de los mismos. Para ello, es necesario garantizar y fortalecer legal y constitucionalmente la autonomía de los treinta y tres organismos públicos de derechos humanos y permitirles desarrollar sus tareas con la más amplia libertad y apego a sus características esenciales.

En este sentido, y de la mano con la autonomía institucional, hacemos un llamado a los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales de los niveles federal y estatal, así como a las autoridades municipales de todo el país, a proveer lo necesario para garantizar que las personas defensoras públicas de los derechos humanos contemos con condiciones de seguridad y libertad para desarrollar nuestras tareas.

 De igual manera, para que todas estas autoridades coadyuven para que, en los lamentables casos en los que las personas defensoras públicas de los derechos humanos sean intimidadas, amenazadas o agredidas en el ejercicio de sus funciones, se generen los mecanismos necesarios para su protección y el restablecimiento de la normalidad en el desarrollo de sus tareas.

De forma relevante, y con motivo del paso de las Caravanas Migrantes, los integrantes de la Federación trabajamos en un Protocolo de Atención que considere las medidas de prevención, protección, garantía y respeto de los derechos humanos de las personas migrantes. Ante una situación siempre preocupante, reconocemos la importancia de fomentar el trato digno a todas las personas mediante la creación de mecanismos y el impulso de acciones desde el ámbito de competencias para prevenir y erradicar fenómenos como la trata de personas.

En ambos casos, así como en el resto de temáticas que los organismos públicos de derechos humanos conocemos, reprobamos cualquier tipo de discriminación, violencia de género, actitudes y conductas xenofóbicas y racistas que lastimen el desarrollo personal, físico, emocional, profesional y familiar de los grupos vulnerables de nuestra sociedad.

En este sentido, consideramos necesaria la creación de políticas públicas con base en las necesidades actuales de la sociedad, que permitan la participación de aliados estratégicos para propiciar las condiciones adecuadas para quienes conforman los grupos más vulnerables de la sociedad.

En esta ocasión, reconocemos el trabajo del exsecretario del Comité Directivo electo en 2017 y de los Ex Presidentes que dejaron el encargo durante el año 2018 y 2019. Asimismo, hacemos patente nuestro apoyo y confianza al nuevo secretario del Comité Directivo y a quienes se integran a esta Federación a través de la Presidencia de los Organismos Públicos de Derechos Humanos de los Estados de Chihuahua, Hidalgo y Nayarit.

De igual forma, hacemos público nuestro agradecimiento a los zacatecanos y a sus autoridades, al Gobernador del Estado de Zacatecas, Lic. Alejandro Tello Cristerna,

al Presidente Municipal de Zacatecas, M. B. A. Ulises Mejía Haro, así como a la Dra. Ma. De la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, por todas las facilidades otorgadas para llevar a cabo los trabajos del L Congreso Nacional y Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

Finalmente, acordamos que la próxima reunión de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos se realizará en el estado de Veracruz, en la fecha que determine el Comité Directivo.

Dada en Zacatecas, Zacatecas, a los veintiséis días del mes de abril de 2019.

Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz y presidenta de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa y secretario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y tesorera de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

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