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Busca un Sistema Integral de Justicia que garantice respeto a sus derechos

 

  • “Más que en la sanción, se hace énfasis en la protección y corrección para incorporarlos al núcleo familiar conforme las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la Declaración de los Derechos del Niño”, precisa el Diputado Federal

CIUDAD DE MÉXICO, DOMINGO 11 DE MARZO DE 2018.- El Diputado Federal por Baja California José Máximo García López, propuso un tratamiento jurídico especial ante los delitos cometidos por menores de edad.

El también integrante de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, sostuvo que para este efecto presentó una adición a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Consideró que la iniciativa encaminada a crear la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes está enfocada en regular un sistema integral de oportunidades de readaptación.

“Más que en la sanción, se hace énfasis en la protección y corrección para incorporarlos al núcleo familiar conforme las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la Declaración de los Derechos del Niño. Se cuenta con una serie de principios que han servido para desarrollar la doctrina de la “protección integral”, con la cual se supera la concepción del menor sujeto de tutela pública al considerar a los niños y adolescentes como personas con capacidad jurídica”, precisó García López.

El Legislador explicó que al reconocerse que los menores de edad por su falta de madurez física y mental, necesitan la protección y cuidados especiales, es necesario el establecimiento de un Sistema Integral de Justicia que garantice el respeto irrestricto de los derechos fundamentales.

“Estos derechos incluyen el principio de subsidiariedad, la regulación de las formas alternativas de justicia para la solución de conflictos y la atención expedita para restaurar su situación y que en la mayoría de los casos no obtiene los resultados esperados convirtiéndose en objeto de una nueva victimización”, afirmó.

En este sentido, la propuesta del Diputado Federal por Baja California platea que el Ministerio Público adolecente solicite el procedimiento, para lo cual se deberá formular la acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. La acusación deberá contener la enunciación de los hechos que se atribuyen, su clasificación jurídica y grado de intervención, así como las penas y el monto de reparación del daño; entre otros.

En tanto que cuando el acusado no haya sido condenado previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el procedimiento abreviado es sancionado con pena de prisión cuya media aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le correspondiere al delito por el cual acusa, entre otros.

“La oposición de la víctima u ofendido sólo será procedente cuando se acredite ante el Juez de control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño y el Juez de control emitirá su fallo en la misma audiencia, para lo cual deberá dar lectura y explicación pública a la sentencia, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, explicando de forma concisa los fundamentos y motivos que tomó en consideración”, subrayó el Legislador.

Max García puntualizó que no podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado.

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