La iniciativa que busca establecer la nacionalidad mexicana exclusiva como requisito para llegar a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México plantea una discusión que también tiene implicaciones en la relación bilateral con Estados Unidos.

 

Luis Alberto Rosas, Tumbaburross, señala que una de las consecuencias que poco se han abordado es el posible impacto en los mecanismos de cooperación en seguridad. Su análisis pone el foco en los funcionarios mexicanos con doble nacionalidad, quienes pueden funcionar como interlocutores binacionales en tareas de coordinación contra el crimen organizado.

En la misma línea se pronunció Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico, quien calificó la propuesta como un "gravísimo error" y rechazó la premisa de que contar con dos nacionalidades implique una doble lealtad. A su juicio, la lealtad debe evaluarse a partir de la conducta del servidor público, no del pasaporte que posee.

El debate se da en un contexto de presión por parte de Washington para que México combata no solo a las organizaciones criminales, sino también a sus presuntas redes de protección política e institucional.

Tumbaburross plantea que la discusión de fondo no debería centrarse únicamente en el documento de identidad del funcionario, sino en dónde se ubican realmente sus lealtades y en qué medida México conserva o pierde herramientas de interlocución para enfrentar a grupos criminales que operan en ambos lados de la frontera.

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