servicios de salud especializados a lo largo del ciclo de vida. A ello se suman brechas sociales y económicas persistentes.

En 2024, el ingreso trimestral promedio de las personas con discapacidad fue de $20,782, frente a los $31,098 de quienes no tienen discapacidad. Asimismo, los hogares con al menos un integrante con discapacidad destinaron en promedio $3,415 trimestrales a gastos en salud en consultas externas, terapias y aparatos ortopédicos, principalmente, en comparación con los $2,248 de los demás hogares. En el ámbito laboral, su tasa de participación económica se ubica en 38.0%, frente a 60.5% en personas sin discapacidad, mientras que en educación 15.4% no sabe leer ni escribir y 57.6% no asiste a la escuela.

En su investigación más reciente, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP) señala que, el gasto federal analizado para personas con discapacidad aumentó 90 veces entre 2018 y 2024 y alcanzó 28 mil 050.2 millones de pesos; mientras que para 2026 se aprobaron 37 mil 192.1 millones. Sin embargo, 97.5% del presupuesto de 2024 y 2026 se concentró en la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente que beneficia a 1 millón 596 mil personas, cifra equivalente a 16.8% de las personas con discapacidad, aunque no representa la cobertura formal del programa, y su monto tendría que cuadruplicarse para equipararse con el programa de Brasil Benefício de Prestação Continuada, que toma como referencia la transferencia mensual equivalente a un salario mínimo.

Si bien el incremento de recursos federales constituye un avance en el reconocimiento de este grupo poblacional, lo pertinente es revisar cuánto se gasta, cómo se distribuyen los recursos y cuál es el alcance de los programas para valorar si el crecimiento presupuestario corresponde con la magnitud y diversidad de las necesidades de esta población, además de aportar evidencia para una discusión sobre suficiencia, cobertura e integralidad del gasto público.

Frente a este escenario, el CIEP destaca que el crecimiento del gasto podría traducirse en una política integral de inclusión si se acompaña de capacidades institucionales y servicios articulados. México necesita transitar de un esquema de transferencias hacia una política pública de atención a la diversidad de necesidades de las personas con discapacidad.