estructurales que hoy afectan a la industria de la seguridad privada en el país.
Esto, tras la reciente aprobación en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la
Cámara de Diputados de dos dictámenes sobre seguridad pública que, lejos de
resolver el problema de fondo, profundizan la confusión normativa al mantener
un diseño de competencias ambiguo y una sobrerregulación insostenible.
Una distribución de competencias ineficaz.
La iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobada
en la Comisión es tibia e inconsistente, ya que subordina a la Federación frente
a los Estados, generando duplicidades y contradicciones legales. De acuerdo
con la propuesta, la Federación regula a las empresas que operan en más de una
entidad, mientras que los Estados supervisan a las locales, pero, al mismo tiempo,
la iniciativa exige a las empresas tramitar autorizaciones federales y luego cumplir
con regulaciones estatales que suelen ser excesivas o contradictorias.
"Hoy enfrentamos un marco jurídico obsoleto y fragmentado, con una Ley Federal
que ya no responde a la realidad del país, 32 leyes estatales y cientos de
reglamentos municipales que se contraponen entre sí. Hemos identificado
más de 500 contradicciones que generan incertidumbre jurídica y limitan el
desarrollo del sector formal," afirmó Armando Zúñiga Salinas, presidente de
ASUME.
Una ley general pendiente y un entorno propicio para la informalidad.
Desde hace años, el Congreso mantiene una deuda pendiente: la expedición de
la Ley General de Seguridad Privada. Esta omisión ha generado vacíos
normativos que fomentan la competencia desleal y dificultan el control efectivo
sobre las empresas irregulares.

"Nos preocupa profundamente que esta situación permita que incluso el crimen
organizado utilice la figura de empresas de seguridad privada como fachada,
al operar sin supervisión ni controles eficaces", alertó Zúñiga Salinas.
El peso del sector en la economía nacional.
La seguridad privada es un sector clave para la estabilidad económica y laboral
del país. Hoy genera alrededor de 450 mil empleos formales, lo que representa
cerca del 2% de los registros del IMSS, y agrupa a más de 8 mil empleadores,
creciendo a ritmos superiores a la media nacional.
"Somos un sector estratégico, pero también somos un sector que exige certeza
jurídica para operar de manera eficaz y responsable", subrayó el líder empresarial.
Lo que demanda la industria formal.
ASUME sostiene que la solución es clara: expedir una Ley General de Seguridad
Privada que unifique criterios, elimine la dispersión normativa y permita establecer
una regulación nacional clara, moderna y funcional.
El sector formal exige que esta nueva legislación:
 Elimine requisitos inconstitucionales, como los exámenes de control de
confianza.
 Clarifique las competencias entre Federación y Estados, evitando la
duplicidad de regulaciones.
 Reconozca la labor coadyuvante de la seguridad privada, sin
confundirla con funciones de autoridad pública.
 Diferencie las reglas según los tipos de servicios, considerando la
diversidad del sector (seguridad tecnológica, transporte de valores,
protección ejecutiva, etc.).
Una industria lista para ser aliada del Estado.
"México no puede seguir operando bajo un esquema normativo que incentiva la
informalidad y deja sin herramientas a las autoridades para sancionar a
quienes incumplen. Necesitamos una ley moderna y eficaz que fomente la
profesionalización, la transparencia y la colaboración con el Estado", concluyó
Zúñiga Salinas.
ASUME reitera su total disposición al diálogo con el Congreso, el Gobierno
Federal y todas las autoridades competentes para avanzar hacia la creación de
una legislación que dé certidumbre jurídica, fomente la formalidad y fortalezca la
confianza ciudadana en el sector.

Acerca de ASUME
Las Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME) representan a las 32
asociaciones más importantes de seguridad privada en México, un sector que
genera más del 2% del empleo formal registrado en el IMSS y aporta al
crecimiento económico nacional. ASUME impulsa la profesionalización y el
cumplimiento normativo, trabajando para fortalecer la seguridad pública y privada
del país.