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Tijuana.- El estudio que desarrolló el Instituto Municipal de Planeación de Tijuana estimó que al menos en 2011 más de 835 mil habitantes utilizan este servicio diariamente para ir y venir de sus casas a la escuela o trabajo, la cifra en este 2016 debe ser cercana al millón de personas pero para tomar decisiones en el gobierno de la ciudad, realmente lo que opine aunque sea una de ellas carece de valor.

Y esto es porque para que funcione el transporte público en cualquier parte del mundo se necesitan dos cosas primordiales, el que preste el servicio y que alguien lo utilice, es decir el usuario, ese que paga todos los días de 25 y hasta 50 pesos o más por persona para trasladarse y que en la práctica sólo es tomado en cuenta a la hora de exigirle que cubra el monto de su pasaje. Cantidad que siempre es aprobada sin tomarlo en cuenta.

Esta situación quedó evidenciada el pasado viernes cuando en sesión de Cabildo se puso sobre la mesa la posibilidad de iniciar autorizar la operación de las empresas de redes de transporte basadas en aplicaciones móviles, el XXI Cabildo facultó al ejecutivo municipal abrir la participación de las unidades de transporte privado Uber.

De los tres regidores que votaron en contra, dos de ellos: Francisco Hernández Vera y Guillermo Zavala Camarena son ampliamente identificados con el sector transportista y de acuerdo con lo expresado en la sesión pareciera que prefieren mantener la movilidad con sistemas viejos y obsoletos pero que les generan ganancias. Afortunadamente la cordura ganó y se abrió la puerta a la modernidad.

Aquí el punto es que mientras las empresas dedicadas al transporte sí tienen representación en el seno del máximo órgano de gobierno de la ciudad, el usuario carece de esa misma posibilidad de presentar sus puntos de vista y defender su derecho de una mejor opción para trasladarse. Vaya, al interior del Cabildo ¡nadie viaja en transporte público!

Los regidores que se opusieron a que se regularice negocios del transporte como Uber, sabedores que el usuario no tiene ni voz ni voto, pedían que el asunto se discuta en el seno del Consejo Municipal del Transporte donde hay empresarios de este ramo pero ¡No hay un solo usuario del transporte público!

En el Consejo Municipal están representadas las empresas del transporte público, pero aunque su presidente, el profesor Mario Ortiz Villacorta Lacave es un personaje reconocido por su amplia trayectoria y conocimiento de los temas con mayor relevancia para la ciudad, no es usuario del transporte público y dudo que pueda tener una idea de lo que significa viajar amontonado como sardina en unidades que avanzan por la obra y gracia de Dios porque no existe otra explicación, con choferes que tienen un mal día casi a diario.

Tampoco saben lo que significa viajar en transporte público el resto de los miembros del Consejo, Raymundo Estrada, Roberto Sánchez, Bivian Clemente, Carlos Díaz, Baltazar Gómez, Antonio González, Nicolás Villaseñor, Jorge De la Fuente, Antonio Pedroza, Elia Chávez, José Peñalosa, Manuel Castillo, Pedro Chávez, y Julio Anguiano; algunos de ellos son transportistas.

Por eso de la incongruencia, porque se pretende hacer creer que las decisiones se toman de común acuerdo cuando una de las partes, que es de las más importantes, no es siquiera escuchada, menos aún tendrá voto sobre un negocio que le cuesta y mantiene todos los días.

Es seguro que ninguno de ellos ha tenido que escuchar hasta tres veces al día la frase "recórranse ahí atrás" aun cuando no es posible que suba otra persona al taxi, tampoco el "pues es que ahí van cuatro" alegando un espacio donde la física dice que ya no hay lugar para más y mucho menos saben lo que es estar sobre el taxi esperando hasta 45 minutos "a que se llene" para poder trasladarse de un lugar a otro.

En pocas palabras ninguno es usuario y por ende no saben lo que es utilizar el transporte público de Tijuana y así es imposible tomar las decisiones correctas.

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