Refirió que la Fiscalía General de la República extraditó a José "N", quien es
requerido por una Corte en Tennessee, Estados Unidos, acusado de homicidio
premeditado, en agravio de una mujer, en el año 2011.
Además, los mexicanos Denisse "N" y José "N" fueron entregados al gobierno
de Argentina. Están acusados de asociación ilícita, lavado de activos de origen
delictivo y tráfico ilegal de estupefacientes.
En tanto, José "N" fue entregado por el gobierno de los Estados Unidos, ya que
es requerido por un juez en la Ciudad de México. Enfrenta cargos por trata de
personas por hechos ocurridos entre 2019 y 2020.
Julián "N" fue entregado por el gobierno estadounidense, pues lo requiere un
juez en el estado de Zacatecas. Está acusado del homicidio de su propio hijo.
El subsecretario de Seguridad Pública destacó algunas detenciones
importantes, como la de Luis Fernando "N", quien fue aprehendido por su
presunta responsabilidad en la violación de un adolescente de 16 años. Los
hechos ocurrieron en Huixquilucan, Estado de México, en 2024.
Pablo Andrei "N" fue detenido en Benito Juárez, Quintana Roo, acusado de
cometer el delito de extorsión.
Esta persona pretendía cobrar una indemnización por un supuesto daño
ambiental causado por la construcción de un hotel en Cancún. El monto inicial
exigido fue de 45 millones de pesos, después la redujo a 20 millones y
finalmente pidió 500 mil dólares.
El funcionario federal, además, presentó el caso de Héctor "N", quien fue
vinculado a proceso por estar acusado de delincuencia organizada y
operaciones con recursos de procedencia ilícita, al simular contratos con una
empresa ligada al exsecretario de Seguridad, Genaro "N".
En cuanto a sentencias, explicó que, a 11 personas, presuntamente integrantes
de un grupo delictivo, se les impuso 50 años de cárcel, tras acreditar su
responsabilidad en el homicidio de 122 personas, en abril del 2012, en San
Fernando, Tamaulipas.
A Yael Marcelino "N" se le sentenció a prisión vitalicia por su responsabilidad en
el homicidio de un hombre y tres mujeres, una de ellas menor de edad, en
Chicoloapan, Estado de México, en febrero del 2021.
Por este asesinato han sido sentenciadas otras tres personas.
Posteriormente, el subsecretario Rodríguez Bucio presentó el caso del Juez
Sexto de Distrito en Veracruz, Vicente Salazar López, quien otorgó un amparo
en favor de Raúl "N". Esta persona exigía al Corredor Interoceánico una
indemnización por una supuesta expropiación del predio Hacienda Tierra
Nueva, ubicado en municipio de Coatzacoalcos.
El funcionario federal también presentó los casos de jueces que están en contra
de las reformas constitucionales al Poder Judicial.
La jueza Quinta de Distrito en el Estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña
López, concedió una suspensión a fin de que la Cámara de Diputados no
discuta y vote el proyecto de modificaciones.
En tanto, el juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado
de Chiapas, Felipe Consuelo Soto, concedió una suspensión con el propósito de
que el Congreso de la Unión se abstenga de enviar el dictamen a las
Legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, mientras no se resuelva la
suspensión definitiva.
Con relación a jueces que con sus resoluciones favorecen a presuntos
delincuentes, presentó el caso de los magistrados del Primer Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito de Jalisco, José Clemente
Cervantes y Manuel Cano Maynez.
Indicó que los dos otorgaron un amparo a 13 personas, aparentemente
asociadas a un grupo criminal, para dejar sin efecto el aseguramiento de
vehículos de lujo y un inmueble, que realizó la Fiscalía General de la República
en el año 2021.
El Colegiado consideró que el aseguramiento fue violatorio de derechos
consagrados en el artículo 16 constitucional.