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  •  A propuesta de la diputada Mónica Hernández Álvarez
  • Plantea castigar a funcionarios que otorguen permisos de forma irregular


Mexicali, B. C. miércoles 10 de abril de 2019.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó de manera unánime, el dictamen 57 de la Comisión de Justicia, donde se estipula sancionar penalmente a quien preste el servicio de transporte público de pasajeros sin que exista el respectivo permiso o concesión vigente.


 
En la iniciativa presentada por la diputada Mónica Hernández Álvarez, se establece una pena de uno a tres años de prisión y multa de hasta cien veces el equivalente a la Unidad de Medida de Actualización (UMA), a quien preste el servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades, sin que exista el correspondiente permiso vigente o bien realice esta actividad en vehículo diverso al autorizado.
 
Además, condenará con una pena de dos a cinco años de prisión, multa de trescientos a quinientas veces el equivalente a la UMA, así como la destitución del empleo, cargo, o comisión al servidor público que de cualquier forma intervenga en el otorgamiento de una concesión o permiso o autorización para la prestación del servicio de pasajeros, sin que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.
 
Asimismo, la iniciativa leída ante la máxima tribuna de esta Soberanía por la legisladora Victoria Bentley Duarte, en su carácter de presidenta de la Comisión de Justicia, señala que se aplicará una sanción administrativa al conductor de un vehículo irregular destinado al transporte público de pasajeros, en cualquiera de sus modalidades, que demuestre ser ajeno a tal ilícito, prevista en Ley General de Transporte Público del Estado de Baja California y en el Reglamento Municipal de la Materia.
 
El documento precisa que con esto la sociedad de Baja California, tendrá mejores garantías y podrá viajar con seguridad a su destino, y contar con la certeza de que el operador del servició público reúne todos los requisitos y estándares que se establecen en la Ley.
 
Destacaron que esta XXII Legislatura trabaja en fortalecer la cultura de la legalidad y el combate a la corrupción.

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