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Ensenada.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) emitió la Recomendación 18/2018 dirigida a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada.

Lo anterior por el caso de violación a los derechos humanos a la vida en agravio de V1 (hombre de 21 años) así como a la integridad y seguridad personal, libertad y seguridad jurídica en agravio de V2 (hombre de 25 años, hermano de V1).

Cabe mencionar que los presentes hechos se dieron a conocer a través de una nota periodística el 3 de enero de 2016, motivo por el cual se inició de oficio el expediente de Queja CEDHBC/ENS/Q/03/16/1VG.

De acuerdo a los hechos, el 1 de enero de 2016, aproximadamente a las 00:00 horas, un grupo de personas integrado por V1 y V2 así como por T1, T2, T3 y T4 (amigos de V1 y V2) se encontraban en una reunión en el domicilio de V3 (mujer de 52 años madre de V1 y V2) ubicado en el poblado Francisco Zarco, Ensenada, cuando salieron a bordo del Vehículo No. 1 conducido por V2, para formar parte de la tradicional caravana de autos que se llevaba a cabo sobre la calle principal de la mencionada localidad.

Aproximadamente a las 00:49 horas de esa misma fecha, en el trayecto de regreso, al pasar el Vehículo No. 1 por la avenida principal (Ubicación 1) su conductor intentó rebasar por la izquierda al resto de automóviles pero es sorprendido por las Unidades No. 1, 2, 3, 4 de la Policía Municipal que transitaban en el carril contrario, reincorporándose a su carril sin detener la marcha avanzando en dirección al domicilio en el que se encontraban previamente. Posteriormente se estacionó en batería de frente a una casa aledaña del domicilio de V3 (Ubicación 2), cuando se percataron que la Unidad No. 1, tripulada por AR1 y AR2 (elementos policiales adscritos a la Delegación El Porvenir de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada (DSPME), se estacionó del lado izquierdo del Vehículo No. 1, y descendió de la misma AR2 con su arma de cargo tipo carabina, la cual sujetaba por medio de una correa que cruzaba sobre sus hombros y espalda, quien se dirigió de manera inmediata a V2 para realizarle una infracción por haber cometido una falta administrativa al intentar impactar a una de las unidades al momento que invadió el carril contrario, mientras tanto V2 permaneció sentado en el asiento del piloto del Vehículo No. 1, con la ventana y puerta cerrada, esto de acuerdo a lo manifestado por las autoridades responsables.

Enseguida V1 descendió del Vehículo No. 1 y caminó con dirección a AR2 con el propósito de dialogar con él, momento en que AR2 volteó hacia V1 apuntándole con su arma de cargo, por lo que V1 reaccionó levantando ambas manos y sin motivo alguno AR2 disparó en su contra, provocando que V1 cayera al suelo, ocasionándole una lesión en el abdomen, motivo por el cual V2 descendió del automóvil y en ese acto es sometido y asegurado con violencia por AR1, arribando posteriormente a la detonación del arma de fuego las unidades No. 2, 3 y 4 de las cuales descendieron AR3, AR4, AR5, AR6, AR7 y AR8, elementos policiales adscritos a la DSPME quienes se suman al sometimiento y detención de V2, en lo que AR2 se retiraba a bordo de la Unidad No. 1 haciéndose acompañar por AR9.

Ante esa situación T1, T2, T3 y T4 también descendieron del vehículo para ayudar a V1 y V2, asimismo, se acercaron al lugar T5 (mujer de 27 años y hermana de V1 y V2), T6 (amigo de V1 y V2) y V3, quienes observaron lo sucedido, por lo que solicitaron a los elementos policiales que llamaran una ambulancia que trasladara a V1 al hospital, sin embargo al ver que no llegaba la asistencia médica, T5  junto con T2, T4 y T6 decidieron llevarlo por sus propios medios a las instalaciones de Cruz Roja Mexicana en Ensenada.

Paralelamente V2 ante la intervención de sus familiares y vecinos fue liberado por los elementos policiales, quienes de manera inmediata se retiraron del lugar rumbo a la Delegación Francisco Zarco, omitiendo asegurar y poner a disposición de la autoridad competente a AR2 así como su arma de cargo, lo cual realizaron 33 horas después junto con el parte informativo relacionado con los hechos ante la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de Francisco Zarco de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJE).

Por otro lado, V1 por la gravedad de sus lesiones fue transferido en ambulancia de la Cruz Roja Mexicana al Hospital General de Ensenada en donde perdió la vida el 2 de enero del 2016 a las 21:00 horas, estableciéndose en el certificado de autopsia como causa determinante de la muerte: “Herida producida por proyectil único de arma de fuego penetrante a tórax y abdomen.”

Por lo anterior, se entrevistó a las y los testigos, se solicitaron los informes respectivos a los agentes policiales adscritos a la DSPME, así como en vía de colaboración a la Subprocuraduría de Zona Ensenada de la PGJE, al Juzgado Segundo de lo Penal del Poder Judicial y a la Sindicatura Municipal del XXII Ayuntamiento de Ensenada.

Derivado de lo anterior, el 1 de enero del 2016 el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Titular de la Agencia del Ministerio Público Receptora Francisco Zarco de la PGJE ordenó el inicio de la Averiguación Previa No. 1 por el delito de homicidio simple cometido en contra de V1, indagatoria que fue remitida a la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos de Robos de la PGJE el 4 de febrero del mismo año para su continuación y determinación.

La Jueza Segunda Penal por Ministerio de Ley del Partido Judicial de Ensenada dictó Auto de Formal Prisión dentro de la Causa Penal No. 1 en contra de AR2 como probable responsable en la comisión del delito de homicidio en agravio de V1.

Por consiguiente, la Jueza Única de Primera Instancia Penal,  el 1 de agosto de 2018 informó que el estado procesal de la Causa Penal No. 1 se encuentra en etapa de instrucción.

Cabe aclarar que la Comisión Estatal tiene entre sus atribuciones conocer de violaciones a derechos humanos, tales como los suscitados durante los hechos ocurridos el 1 de enero de 2016; por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde la investigación de los delitos al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

De acuerdo a las evidencias en estudio, se logró establecer que se vulneró el derecho a la vida en agravio de V1, por actos realizados por AR2 quien de manera arbitraria disparó un arma de fuego en contra de V1, ocasionándole lesiones que por su gravedad le provocaron la muerte, transgrediendo con ello el derecho fundamental que tiene todo ser humano a no ser privado de la vida de manera arbitraria.

El derecho a la vida es el más fundamental de los derechos, cuyo goce, como advierte la Corte Interamericana de Derechos Humanos en numerosas ocasiones, “es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo.” La importancia que reviste el derecho a la vida obliga al Estado a adoptar un conjunto de medidas conducentes a su efectiva garantía, no solamente absteniéndose de privar de la vida arbitrariamente a cualquier ser humano, sino también mediante “la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él.”

Del análisis lógico-jurídico se desprende que se dejó de observar lo establecido en los Lineamientos Generales para la Regulación del Uso de la Fuerza Pública por las Instituciones Policiales de los Órganos Desconcentrados en la Secretaría de Seguridad Pública el artículo 4 que establece: “El uso de la fuerza pública se realizará estrictamente en la medida que lo requiera el ejercicio de las funciones de los integrantes de las instituciones policiales y deberá ser: legal, necesaria, proporcional, racional, y oportuna para garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad, objetividad, honradez, eficacia, eficiencia, responsabilidad, diligencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” Omitiendo AR2 agotar los medios para lograr la observancia de la ley o para establecer el orden, al portar su arma de cargo sin las precauciones debidas, ya que al ser detonada se acredita que esta no contaba con seguro, apartándose de lo establecido en el Reglamento Interior de la Dirección de Policía y Tránsito del Municipio de Ensenada.

Concatenando las evidencias, la CEDHBC logra advertir que el derecho a la vida de V1 fue vulnerado por AR2 quien actuó con uso excesivo de la fuerza pública, al no seguir los principios de uso de la fuerza establecidos en el numeral 3 del Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas , como lo son el de oportunidad, proporcionalidad y legalidad, los cuales establecen que se debe reducir al máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a la integridad de las personas, que se debe de actuar de acuerdo a la gravedad de la amenaza la cual se debe determinar por la intensidad de la agresión y que el uso debe de realizarse con apego a la normatividad vigente y con respeto a los derechos humanos, principios que en su actuar dejó de observar AR2.

El Organismo Estatal de acuerdo al cúmulo de evidencias que se allegó, observó  que AR1, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8 y AR9, elementos policiales adscritos a la DSPME, quienes participaron en los hechos, emplearon de manera excesiva la fuerza pública y con ello vulneraron el derecho a la integridad y seguridad personal de V2, con el objetivo de someterlo para esposarlo y detenerlo arbitrariamente.

En un contexto donde las fuerzas policiales realizan una detención, el uso de la fuerza pública debe ser limitado y ceñirse al cumplimiento de parámetros esenciales, la cual debe ser utilizada solamente cuando sea absolutamente necesaria acorde con el nivel de resistencia de la persona que se pretende intervenir, además previo a ello deben agotarse los medios adecuados para lograr el objetivo que se busca empleando tácticas de negociación, control o uso de fuerza según corresponda, lo cual a todas luces dejaron de observar AR1, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7 y AR8 pues de las constancias que integran la investigación se desprende que V1 y V2 no representaban un peligro real, inminente o actual, ya que no se acreditó que hayan efectuado agresión o resistencia alguna que ameritara el uso de la fuerza desproporcional o que pusieran en riesgo la integridad física o la vida del personal policial de la DSPME o de terceras personas, tal como lo manifestaron T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 y T8 quienes señalaron ser testigos de los hechos y percatarse que V2 fue sometido de manera violenta, siendo coincidentes en declarar tanto en la PGJE, como ante el Organismo Estatal , que después de haber detonado su arma de fuego AR2 en contra de V1, los agentes AR1, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7 y AR8 se fueron en contra de V2, golpeándolo para tirarlo contra el piso y esposarlo, también precisaron que V2 jamás agredió a los elementos policiales, ya que solo reaccionó al ver a su hermano V1 lesionado por el disparo de arma de fuego y que al intentar acercarse a él, fue entonces que los elementos policiales lo comenzaron a golpear, logrando someterlo y lo mantuvieron tirado en el suelo, oprimiéndole la cabeza contra el piso con la bota que portaba en su pie uno de los elementos policiales.

Derivado de lo anterior, la CEDHBC solicita al Director de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Jorge Iñiguez Díaz, los siguientes Puntos Recomendatorios:

SÉPTIMO.  Emita una circular en la que instruya a los elementos policiales de la DSPME, para que se conduzcan con la verdad en la elaboración de los partes de novedades, parte informativo y/o Informe Policial Homologado; asimismo sea elaborado y suscrito por los elementos que participen en los hechos.

DÉCIMO. Designe a una servidora o servidor público para que funja como enlace con la Comisión Estatal, para dar seguimiento al cumplimiento de la presente Recomendación, y en caso de ser sustituido, notifique oportunamente mediante oficio dicha determinación.

De igual manera, se solicita a las autoridades señaladas envíen a la CEDHBC las constancias que acrediten el cumplimiento de estos puntos Recomendatorios.

Cabe destacar que la Recomendación ya fue debidamente notificada a las autoridades señaladas como responsables. En caso de no ser aceptada, la Defensoría, de acuerdo a sus atribuciones, podrá solicitar al Congreso del Estado la comparecencia de la o las autoridades a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

La CEDHBC reitera su compromiso absoluto en la protección y defensa de los derechos humanos de todas las personas en Baja California.

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