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Antorchistas de Baja California denunciamos mediante volantes, cartulinas y lonas el incumplimiento por parte de funcionarios del gobierno que encabeza Francisco Vega de Lamadrid, ante los acuerdos firmados y comprometidos meses atrás, entre los que se encuentran con urgencia el alto inmediato a las órdenes de desalojo a habitantes de la colonia Antorcha Campesina 1, donde más de 100 familias están en riesgo de ser desalojadas debido al incumplimiento  por parte del gobierno estatal a acuerdos firmados.

La insistencia apela también a la falta de infraestructura educativa en la escuela primaria Margarita Morán, pues actualmente más de 300 niños de educación básica toman clases en aulas de madera, mismas que en tiempo de lluvias parecen coladeras, además de contar con un espacio digno para su esparcimiento, ocupando la calle principal como cancha y parque de recreo.

Es de recordar que el pasado 8 de febrero, el Comité Estatal Antorchista se reunió en Mexicali con funcionarios de diversas dependencias, hicieron compromisos de atender algunas peticiones y de convocar a reuniones con los titulares de las áreas en las que no tenían nivel ni capacidad para tomar decisiones. Tal fue el caso de la Secretaría de Educación, de la Junta de Urbanización y de la propia Secretaría General de Gobierno. Nuevamente el engaño y el incumplimiento, pues hasta la fecha ni han precisado las propuestas de solución ni han fijado día y hora para las reuniones con los secretarios. Sólo, en honor a la verdad, se salva el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, cuyo titular atendió al comité de la organización e hizo una propuesta de atención a la problemática planteada.

Por esas razones que sobran como muestra de nuestras demandas, los antorchistas nos encontramos difundiendo en distintos puntos del estado, denunciando y exigiendo la intervención del gobernador del estado; pues de no encontrar la atención necesaria, marcharemos en número de cuatro mil el próximo 30 de marzo e iremos incrementando el número de manifestantes en la medida en que se acumulen las semanas de indiferencia y menosprecio hacia los marginados de las acciones gubernamentales y que, precisamente por dicha exclusión a pesar de ser todos ellos bajacalifornianos que con su trabajo contribuyen al desarrollo del estado y con sus impuestos a sostener el gobierno estatal, se han visto obligados a emprender el camino de la denuncia y manifestación públicas.

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