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Con gran preocupación hemos atestiguado en los últimos días la tragedia que afecta a casi un centenar de familias residentes de El Rubí, en Tijuana, donde un aparente acto de negligencia de una empresa desarrolladora, provocó el deslizamiento de una sección del terreno y la caída de viviendas.

Hemos estado atentos al desarrollo de los acontecimientos, convencidos de que lo ocurrido amerita una escrupulosa investigación para el deslinde correspondiente, y que se proceda en consecuencia, a fin de resarcir a las víctimas del daño ocasionado en su patrimonio y tranquilidad, y castigar a los responsables.

Queremos sin embargo llamar la atención sobre el problema de fondo que vive la ciudad de Tijuana por su accidentada topografía, su rezago urbano y el desorden que la afecta, producto de la grave omisión, irresponsabilidad, y hasta complicidad de autoridades municipales y estatales.

Entendemos que mucho de estas problemáticas requieren acciones y presupuestos enormes, así como factores que escapan a las posibilidades de los ayuntamientos, sobre todo las de orden presupuestal.

No obstante esta realidad, también es cierto que los gobiernos que Tijuana ha tenido en las últimas décadas, han contribuido al desorden y sus consecuencias por negligencia o deshonestidad, o ambas cosas.

Frente a este panorama, nuestro partido promoverá en los próximos días, a través de nuestro representante en el Congreso del Estado, Jorge Eugenio Nuñez, la revisión y actualización del marco legal en materia de desarrollo urbano así como su fortalecimiento.

Urge agilizar los trabajos que en esta materia se han venido realizando, en coordinación con grupos organizados de la sociedad civil y gremios técnicos especializados en los diferentes campos relacionados con el desarrollo urbano.

Si bien el ordenamiento no se resuelve solo con leyes y reglamentos, el marco legal debe ser una plataforma de inicio a partir de mecanismos claros y lo suficientemente rigurosos, para evitar que se repitan historias como las de Lomas del Rubí en Tijuana.

El Sistema Estatal Anticorrupción deberá tener un papel determinante para prevenir y castigar la deshonestidad donde quiera que se presente, y esto incluye el ámbito del control urbano, para garantizar que se protejan y privilegien los intereses de la ciudad y sus habitantes, por encima de intereses particulares.

Los partidos políticos también tenemos una responsabilidad, y es por ello que en nuestro campo de acción y momentos específicos como los tiempos electorales, hemos venido impulsando propuestas que privilegien justamente eso, apostándole a la construcción de ciudades con calidad de vida en nuestro estado.

En tiempos no electorales, vigilar el desempeño de quienes son gobierno es parte de nuestra tarea y seguiremos haciéndolo, para actuar en consecuencia cuando así se amerite.

Los hechos registrados en Lomas del Rubí no deben quedar impunes. Esa es una historia que no debe repetirse.

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