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Tijuana.- Quienes quieren más dinero público son los consejeros electorales que pretenden aprobarse un bono de productividad, como si las instituciones públicas fueran generadoras de riqueza y lo que ellos hicieron les permitieran obtener ganancias por una productividad que no existe.

Un consejero electoral en Baja California cobra 95 mil pesos mensuales ¡y encima quieren un bono extra! Y lo peor del asunto es que lo quieren por productividad, cuando es obligación de ellos el fomentar la participación ciudadana y tuvimos un abstencionismo del 70 por ciento y a los que quisieron participar les pusieron una y mil trabas. Además sus resoluciones fueron echadas abajo por el Tribunal Electoral, muy pocas pasaron.

Este abuso ya debe ser frenado por el Congreso del Estado porque no se puede estar despilfarrando el dinero en favor de unos cuantos. Y en el caso de los consejeros electorales todo lo que se les entregue debe ser considerado como un despilfarro.

Los que sí tendrán que pasar al banquillo son los magistrados del Poder Judicial por el asunto de las liquidaciones que se auto asignaron a través de reformas al reglamento interno del Tribunal Superior de Justicia y por eso los diputados con el voto a favor de "la chiquillada" en tanto el PRI y el PAN mejor le sacaron a enjuiciar a los enjuiciadores.

Hace unos días, para ser exactos el 19 de julio, en sesión de la Comisión Jurisdiccional realizada en Ensenada, los diputados aprobaron el punto de acuerdo que da inicio al juicio político contra el magistrado presidente del Poder Judicial, Jorge Armando Vázquez, los también magistrados Jorge Ignacio Pérez Castañeda y Salvador Ortiz Morales, además del juez consejero Raúl Ruiz Martínez. Los cuatro como integrante del Consejo de la Judicatura.

La votación en la Comisión Jurisdiccional resultó tres diputados a favor y tres en contra, pero con el voto de calidad del presidente Armando Reyes Ledezma, el dictamen fue procedente.

En contra votaron los diputados Cuauhtémoc Cardona Benavides del Partido Acción Nacional (PAN) y los diputados priistas, David Ruvalcaba y Cinthia Ruiz; a favor estuvieron Alejandro Quiroga Corella del PAN, Molina García de Movimiento Ciudadano, y el presidente de la comisión del Partido del Trabajo (PT).

La solicitud de juicio político es "por haber usurpado atribuciones de la legislatura, al haber expedido un reglamento sin fundamento en ley, prácticamente hicieron una ley y en esa ley se busca afectar al erario público", explicó el diputado Molina García.

El siguiente paso es someter a votación del pleno el dictamen de procedencia de juicio político, y en su caso nombrar una Comisión Instructora. Aquí caben dos posibilidades, una que la propuesta se deseche gracias al respaldo que les ofrezcan los diputados del Partido Acción Nacional, del que se dice tienen vínculos la mayoría de los magistrados y la segunda que se siente el precedente y se castigue a quienes tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la ley y la violentaron. Usted que opina.

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