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Aquiles Córdova Morán

El problema de la violencia y la inseguridad generalizadas en el país, es uno de los más relevantes para explicar la inconformidad y la irritación social que todo mundo conoce y comenta. Y es muy frecuente que quienes suelen ocuparse del tema, coincidan en culpar de la debacle a la política, iniciada bajo el gobierno panista de Felipe Calderón, de emplear al Ejército y la Marina en el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada, en vez de crear una policía debidamente entrenada, organizada y armada como corresponde al Estado de Derecho. El error de Calderón, continuado en el actual sexenio, aseguran algunos, solo ha conseguido un altísimo costo en vidas y dinero y el creciente desprestigio de nuestras fuerzas armadas, responsables de la soberanía y la independencia de la nación.

Sin embargo, al menos en lo que yo he podido leer, no suele incluirse entre las causas del fracaso la altísima frecuencia con que aparecen los propios cuerpos policíacos como cómplices, e incluso como los ejecutores directos de los actos delincuenciales, ni la pasividad e indiferencia con que atienden los llamados de auxilio de la ciudadanía, ni los malos tratos que reciben los denunciantes en las agencias del Ministerio Público, causa de la enorme cantidad de delitos que no se denuncian y quedan sin castigo. Tampoco suele añadirse al cuadro la lenidad y la omisión de los órganos encargados de perseguir el delito, a grado tal que, de los poquísimos casos que se denuncian, una cantidad todavía mucho menor es la que culmina con una sentencia y el castigo a los culpables.

Hay algo más. Cuando por casualidad llega a hablarse de estos hechos innegables (tratándolos por separado, independientemente de la fracasada política oficial anticrimen), se suele echar la culpa de los mismos a la incapacidad, falta de preparación, pobreza de recursos logísticos y operacionales de las policías, desorganización, falta de interés y pobre ética profesional, etc., pero nada se dice de lo que es una convicción universal del mexicano común: que ese comportamiento de policías y jueces es, en la mayoría de los casos, una simple manifestación del contubernio entre la delincuencia y los encargados de combatirla. No ver las cosas así, o no querer llamarlas por su nombre, nos lleva a todos a hablar y a movernos dentro del falso y gastado esquema de que todo se debe al continuo incremento cuantitativo y cualitativo de los grupos del crimen organizado –de un lado–, y a la pobreza intelectual, material y ética del aparato encargado de su combate, por el otro. Y el problema sigue allí, creciendo casi por horas, para decepción, desencanto e ira mal contenida de la ciudadanía.

En un ambiente así, resulta increíble que todavía haya funcionarios capaces de echarle gasolina al fuego instrumentando actos de represión, agresiones físicas, violaciones abiertas, descaradas, a las libertades básicas y a los derechos fundamentales de los ciudadanos, llevados a cabo sin otra cobertura o justificación que la prepotencia, la sevicia y el más torpe abuso del poder público, en detrimento de la paz y de la estabilidad social. Como si no hubiera suficientes motivos de inconformidad con los miles de asesinados, secuestrados, violentados en sus posesiones y personas, por la delincuencia común, organizada o no, todavía hay quien le agrega su cuota de agravios y de agraviados al desolador panorama nacional, ya bastante deteriorado como queda dicho. Eso es lo que viene ocurriendo en el estado de Hidalgo desde hace algunos meses. Doy los ejemplos más ilustrativos y preocupantes:

Pues bien, el viernes 16 de marzo, el abogado Glauco Flores Torres, quien lleva los dos casos, se presentó, primero, con el Lic. Juan Antonio Cerón Albarrán, Secretario Auxiliar del Ministerio Público de la Mesa I (Daños y perjuicios), luego con el agente de policía de Investigación, René “N”, y finalmente con el Lic. Carmen Héctor Jiménez Herrera, Agente del Ministerio Público titular de la Mesa IV (Despojo). Buscaba pagar por fin el daño que se imputa a Andrés Pérez y saber si la quejosa por despojo presentó ya las nuevas pruebas que dice tener. En todas partes solo obtuvo nuevos plazos. Terminadas sus diligencias, el Lic. Flores abandonó la Procuraduría de Justicia y tomó un taxi a la terminal de autobuses; dos minutos después, una camioneta blanca con vidrios polarizados, sin placas, interceptó al taxi, tres sujetos armados bajaron al Lic. Flores, lo tiraron al piso de la camioneta y arrancaron. En el trayecto lo golpearon, lo humillaron con insultos y le lanzaron una amenaza que, en síntesis, fue así: “Sabemos quién eres y para quién trabajabas. Bájale de huevos hijo de tu p… madre o te va a llevar la chin… Si te volvemos a ver por aquí te vamos a partir la m...” Lo tiraron en un lugar despoblado, a las afueras de Pachuca, no sin antes despojarlo del dinero para pagar los daños antedichos.

Ahora bien, los casos de Evelia, Estanislao y Andrés Pérez no dan pistas concluyentes sobre el motivo del atropello ni sobre la identidad de los autores intelectuales. El caso del abogado Glauco Flores es diferente. Aquí sí es claro que sus secuestradores obedecían órdenes superiores, que se trata de una intimidación al defensor para dejar desamparados legalmente a los antorchistas acusados y que quienes ordenaron el “operativo” poseían toda la información necesaria para no equivocarse de objetivo. En una palabra, en este caso, es evidente la mano de altos funcionarios del gobierno del estado de Hidalgo. ¿Es mucho suponer que la misma mano está detrás de los otros eventos?

Estamos, como suele decirse, ante una carambola de varias bandas: intimidar al abogado para obligarlo a abandonar la defensa, desamparar legalmente a Andrés Pérez y a Guadalupe Orona Urías, líder antorchista del estado; frenar con eso el desarrollo, o al menos las demandas, del antorchismo hidalguense. ¿Quieren encarcelar a Andrés y a Guadalupe con delitos prefabricados y violando abiertamente el debido proceso? La duda es más legítima si se toma en cuenta la obvia relación entre los secuestradores de Flores Torres y altos funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo, obviedad que no pudo escapársele a ellos. Hay que pensar, por tanto, que no querían ocultarse sino, precisamente, dejar claro de dónde viene la embestida que aquí reseño. A pesar de esto, dejo constancia de que mis compañeros antorchistas hidalguenses no han variado su postura de siempre: buscar un diálogo civilizado y respetuoso con el Gobierno de aquel estado. Si escribo esto es solo en prevención de un ataque que rebase la línea de no retorno. Llamo al antorchismo nacional a cerrar filas y a preparar la defensa de nuestros compañeros hidalguenses en caso necesario.

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