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Tijuana.- En el Capítulo III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Baja California, que regula las Prohibiciones, Incompatibilidades e Incapacidades para ser miembro de ese órgano de gobierno el Artículo 18 a la letra señala que ningún nombramiento para empleado de la Administración de Justicia o auxiliar de ésta, podrá recaer en los casos a que se refiera el reglamento y en ascendientes, descendientes, cónyuges o colaterales dentro del cuarto grado por consanguinidad o segundo por afinidad de los Consejeros al Consejo de la Judicatura y magistrados del Tribunal, excepto en los casos de los servidores públicos que ya se encuentran laborando dentro del Poder Judicial con anterioridad a la designación del Concejero de la Judicatura. La inobservancia de esta disposición es motivo de responsabilidad de quien o quienes aprueban la designación, procediéndose a la remoción inmediata respecto del servidor público indebidamente designado.

Lo anterior viene a cuento porque se rumora que el magistrado Carlos Cataño González que recientemente fue destituido de su encargo por el Congreso del Estado movió cielo y tierra para que se nombrara a una familiar suyo de nombre Verónica Carolina Cataño González como juez en una de las salas del Nuevo Sistema de Justicia Penal, algo que está en contra de la ley pero que muestra la forma en que el magistrado removido se las gasta.

El asunto es que no sólo él tiene a familiares, también otros magistrados y eso podría echar por tierra todo lo que resuelvan ellos en los nuevos juicios orales pues sus resoluciones se volverían impugnables al estar impartiendo justicia cuando la Ley los inhabilita para hacerlo.

En otro asunto, lo que está sucediendo debe ponernos a reflexionar a todos, porque la violencia ya no sólo es en las calles de la ciudad, también se está viendo en el seno de las familias y claro está quienes están siendo las víctimas son los pequeños niños.

Lo que ha estado saliendo a la luz pública los últimos días nos debe prender las luces de alerta a todos porque no es posible que ni en su casa estén seguros los niños y las niñas, y esto no es ni puede ser asunto del gobierno, es un tema en el que debemos poner atención todos y claro la autoridad debe hacer su parte, que en estos casos es mínima.

Las cifras de delitos en contra de personas, a los que todos deberíamos cuidar, han crecido, y pese a que muchas veces no se presenta querella, por ejemplo, de enero a mayo se han registrado 922 denuncias por violación, estupro y otros delitos sexuales que incluyen violación en grado de tentativa, violación equiparada, violación impropia y abuso sexual.

En la entidad se presentan cerca de siete denuncias penales diarias por delitos sexuales. En en 2015 se registraron 2 mil 420 delitos sexuales de las cuales 558 corresponden a Mexicali y mil 249 a Tijuana.

Las cifras anteriores pudieran no decirnos nada sin embargo debemos poner atención a los 45 casos de violencia física mensuales contra menores de edad que la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social reporta a las diferentes agencias del Ministerio Público y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Mexicali, Tijuana y Ensenada.

Aquí hacemos eco a la llamada que hace el DIF para que todo tipo de maltrato que veamos en contra de algún niño sea reportado a la autoridad para poder salvarle la vida a un pequeño y no tener que lamentar hechos como el del pequeño Usiel que terminó sus días por una golpiza que recibió en el lugar donde menos probable era que la recibiera, en el interior de su casa.

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