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Plaza Cívica
A un mes de celebradas las elecciones presidenciales y faltando aún cuatros
meses para tomar posesión, Andrés Manuel López Obrador se ha adueñado de
manera efectiva de la agenda pública del país. Con sus promesas de campaña,
las decisiones ya tomadas y su conocida personalidad, podemos decir que al
momento existen dos grandes inclinaciones: una política económica sustanciosa, y
una política institucional hueca.
 
La agenda de política económica de López Obrador parece adecuada, producto
de su sensibilidad social y la rectificación de ciertas propuestas de campaña. En
primer lugar, ha nombrado a perfiles altamente técnicos, con estudios de
doctorado en algunas de la mejores universidades estadounidenses y experiencia
laboral en organismos internacionales y el sector público mexicano. Por otra parte,
la errónea proposición de disminuir el precio de la gasolina ha sido sutilmente
desechada. Finalmente, propuestas como continuar con las negociaciones del
TLCAN con Jesús Seade al frente, la creación de un Consejo Fiscal largamente
pospuesto, la promesa de no contratar más deuda pública y un énfasis en
disminuir la pobreza y desigualdad apuntan en la dirección correcta.
 
No resulta raro que el tema económico augure estabilidad, ya que la política
monetaria se encuentra en manos de un organismo constitucionalmente
autónomo, el Banco de México (BM), y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) es una de las secretarías con mayor tecnicidad y profesionalismo
(porque cuenta con cuadros burocráticos de carrera). Sin embargo, esa no es la
historia en muchas otras áreas del Estado mexicano, y algunas decisiones
recientes de AMLO no auguran la tan necesaria construcción de instituciones
políticas, antítesis del personalismo político. Tres ejemplos que resultan
trascendentales para el futuro del país son fiel reflejo de lo anterior.
 
El primero es la creación de una nueva figura política en los estados, la de los
coordinadores estatales. Si antes se criticaba correctamente a las delegaciones
federales por su extenso número y uso como botín político, la concentración de
éstas en una sola persona es irse al otro extremo con consecuencias igualmente
dañinas: no permiten la especialización, se concentra excesivamente el poder en
una sola persona, y los perfiles son meramente políticos nombrados con cálculos
meramente electorales. Una solución institucional al problema hubiese sido
fortalecer el Servicio Profesional de Carrera (SPC) y contemplar en él a las
delegaciones federales.
 
El segundo ejemplo es el gasto en materia de publicidad oficial. López Obrador ha
anunciado que bajará el gasto en publicidad oficial, aunque nada dijo de la nueva
ley en la materia, conocida como #LeyChayote; cabe destacar que ésta ley fue
avalada con el voto del PRI y MORENA, y tan solo hace unas semanas. Una
solución institucional al problema hubiese sido prometer revisar la nueva ley
aprovechando las mayorías de MORENA en el Congreso de la Unión y de la mano
de organizaciones de la sociedad civil agrupadas en #MediosLibres.
 
El tercer ejemplo es la Fiscalía General de la República (FGR). Desde que
comenzaron las discusiones públicas en la materia no se ha visto interés de parte
del futuro Presidente por verdaderamente crear una fiscalía autónoma; su
propuesta de “autonomía” consiste en ser él quien mande la terna al Senado, y
darle libertad a su fiscal para actuar. Una solución institucional al problema es
plasmar la autonomía en la Constitución (ya realizado), tener un proceso de
nombramiento equilibrado entre el Congreso y el Presidente bajo el principio de
parlamento abierto, y construir burocracias profesionales en su interior.
 
La política económica de López Obrador prevé un buen camino, pero no así la
política institucional. El futuro Presidente quiere una “cuarta transformación” y
asegurar su lugar asegurado en la Historia de México. Si así lo quiere, si
 
verdaderamente quiere dejar su huella en el país, debe de construir y fortalecer
instituciones. Así como lo hizo Benito Juárez, a quien tanto dice admirar.
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