TI-edo2018-300x280

2doInforme-a

 

Plaza Cívica
En México existe aún un serio déficit de instituciones, respeto a la ley y honorabilidad
en el servicio público. La utilización del aparato de persecución criminal por parte del
presidente de la República en contra del candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés
es prueba perfecta de lo anterior, agravado aún más con los escándalos de corrupción
en la actual administración y el claro discurso anticorrupción del candidato de la
Coalición por México al Frente. Y la historia en nuestro país no puede ser más
diferente con la que actualmente ocurre en la administración estadounidense de
Donald J. Trump.

 

Las instituciones de Estados Unidos de América están pasando por una de sus más
duras pruebas. Desde señalamientos de corrupción hasta posible colusión con
potencias extranjeras por parte del presidente Trump, el aparato de justicia
estadounidense se ha convertido en una de las principales defensas de la democracia.
El titular del Departamento de Justicia es nominado por el Presidente y ratificado por
el Senado. Su actual titular, Jeff B. Sessions, fue el primer senador en apoyar la
candidatura presidencial de Trump y formó parte de su campaña. Sin embargo, ese
mismo personaje se ha convertido ya en una pesadilla para la actual administración.
En un artículo recientemente publicado en el New York Times, Cameron Smith y
Norman L. Eisen, dos autores que han seguido de cerca la historia, nos comienzan
diciendo: “El miércoles nos dio un espectáculo nunca antes visto en la historia de 228
años de relaciones entre los presidentes estadounidenses y sus fiscales generales. El
presidente Trump atacó públicamente a Jeff Sessions, su fiscal general, como
‘vergonzoso’ por negarse a desatar a sus fiscales sobre los enemigos políticos del Sr.
Trump…”. ¿La respuesta del Sr. Sessions? “Mientras sea el Fiscal General, continuaré
desempeñando mis funciones con integridad y honor, y este Departamento continuará
haciendo su trabajo de manera justa e imparcial de acuerdo con la ley y la
Constitución”.

Lo que actualmente sucede en México no puede ser más distinto, ya que aún tenemos
el doble reto de diseño institucional e idiosincrasia política. En el primer caso, la
Procuraduría General de la República (PGR) ha sido usada tanto en gobiernos panistas
como priistas con fines de persecución política, porque la ley lo permite; las reformas
para lograr una Fiscalía General de la República (FGR) van en la dirección correcta,
aunque han sido saboteadas precisamente por ello. En el segundo caso, un encargado
de despacho como Alberto Elías Beltrán está dispuesto a comprometer la dignidad del
país al que sirve y su honor personal por un partido político y el Presidente. Mientras
que en Estados Unidos el aparato de justicia se encuentra investigando al Poder
Ejecutivo, en México el aparato de justicia es usado como vil instrumento del
Presidente para investigar a enemigos políticos. ¿Odebrecht, La Estafa Maestra,
Pegasus, el asesinato de periodistas? Nada. Y ante los incentivos que ocasiona que los
mexicanos hayan hecho suyo el tema de la corrupción y las elecciones que se
aproximan, Ricardo Anaya dobla su apuesta: “Hoy reitero mi compromiso de
consolidar una fiscal autónoma y apartidista que sea acompañada por una comisión
de la verdad con asistencia internacional para investigar los señalamientos de
corrupción del Gobierno del Presidente Peña”. Y el Presidente pensó: Guatemala.

Los autores estadounidenses concluyen: ”Es que los asombrosos poderes ejercidos
por el Fiscal General y los que trabajan para él nunca deberían desplegarse con fines
políticos. Esos poderes pueden privar a los acusados de su libertad, sus bienes e
incluso sus vidas. Simplemente investigar a alguien puede ser agobiante. Eso solo
debería hacerse cuando lo exija la justicia, no el capricho de un Presidente”. Enrique
Peña Nieto no ha querido rendirle cuentas a México, pero parece que México las
exigirá en las elecciones 2018.

Visto 182 veces
Valora este artículo
(0 votos)