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Plaza Cívica

El desenlace de la elección presidencial de 2018 dependerá, en gran medida, de quién resulte más creíble en su discurso anticorrupción. Por ello, el candidato del PRI-Verde-Panal, José Antonio Meade, presentó una iniciativa en la materia, aunque hueca. Por ello, el candidato del PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, ha hecho de la autonomía de la Fiscalía su principal tambor de guerra. Y por ello, el candidato de MORENA-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho del combate a la corrupción su principal bandera política. Con un cómodo primer lugar, es muy probable que su éxito se deba a la creencia general de que llevará a buen puerto su bandera. Pero solo basta acercarnos un poco más para darnos cuenta que su lucha está, realmente, vacía.

 

En días recientes López Obrador dio a conocer a sus preferidos para ocupar tres importantes carteras dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA): la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción, y la Fiscalía Electoral. Después de unos buenos meses de denostar al mismo SNA, a las iniciativas emanadas de la sociedad civil, y a cualquier intento formal por atacar el problema, finalmente el precandidato parecía abrazar la idea de combatir la corrupción por la vía institucional (no hay otro camino). Sin embargo, López Obrador se puso solito el pie al proponer a personas muy cercanas a su persona y que inclusive fueron sus subordinados cuando fue Jefe de Gobierno del extinto Distrito Federal: Bernardo Bátiz, su procurador general de justicia; José Agustín Ortiz Pinchetti, su secretario de gobierno; María Estela Ríos González, su ex-consejera jurídica; Ernestina Godoy Ramos, ex-diputada morenista, etc. Así no se puede.

Sin embargo, el cuento no termina ahí. El otro grave error de López Obrador en esta historia está en creer que es facultad del Presidente presentar las propuestas, para ser aprobadas posteriormente por el Congreso de la Unión. Sin embargo, las nuevas reformas del SNA establecen que el Senado integrará una lista de diez candidatos, para ser turnada al Presidente y éste elija así una terna, para ser enviada posteriormente al Senado y se elijan a los fiscales por mayoría calificada. AMLO nunca habló del nuevo sistema, de los nuevos ordenamientos, del proceso de selección, del artículo 102 constitucional, de la lucha de las organizaciones de la sociedad civil por abrir el proceso de selección… nada. Su inercia fue elegir con su dedito. Y si a Enrique Peña Nieto lo criticaron por no poder mencionar tres libros, López Obrador peca aún más ya que ante la misma pregunta, respondió hábilmente que su libro preferido era la Constitución. Vaya lectura.

Para terminar con broche de oro: el reciente artículo de Germán Martínez Cázares en un importante periódico de circulación nacional, donde confiesa que AMLO le ofreció la Fiscalía General de la República. Recordemos que Germán Martínez ha sido miembro del PAN desde 1988, que tuvo un fracasado papel como Secretario de la Función Pública durante la administración calderonista, y fue presidente nacional del PAN (2007 - 2009). Vaya, es una persona partidista, panista de hueso colorado, lo cual es necesario en una democracia y muy respetable, pero no para ocupar un puesto que requiere un perfil técnico e independiente. Con el fin de lograr la paz con sus adversarios políticos y ganar la Presidencia, AMLO le ha ofrecido a un antiguo rival el aparato de la persecución criminal autónoma.

La lucha anticorrupción de Andrés Manuel López Obrador está vacía. No solo lo ha demostrado con palabras, ahora también lo hace con hechos. López Obrador será personalmente honesto, pero eso simplemente no basta: no bastó en su administración capitalina, y peor aún bastará a nivel nacional. Su aversión a la construcción de instituciones es sumamente dañina para un país que está precisamente sediento de ellas.

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