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Brasil se encuentra en una encrucijada histórica contra la corrupción. Lo anterior es
producto de reformas hechas algún tiempo atrás y que comienzan finalmente a rendir
sus frutos. En México, y a pesar de los enormes escándalos de corrupción como los
brasileños, nuestra historia no puede ser más distinta.

 

En días recientes, el ex-titular de la Fiscalía General de Brasil (2013 - 2017), Rodrigo
Janot, publicó un artículo donde habla de las cuatro razones del éxito anti-corrupción
brasileño. El primero es establecer a nivel constitucional una fiscalía autónoma en
todo el sentido: los fiscales brasileños no pueden ser despedidos después de haber
cumplido dos años en su función (a menos que hayan cometido un crimen), no pueden
ser relevados de los casos que investigan, y ellos mismos establecen sus presupuestos
y procesos administrativos. El segundo es permitirles a los fiscales alcanzar pactos
con testigos, ya que en muchas ocasiones son los únicos que tienen acceso a
información relevante. El tercero es que los fiscales tengan la libertad de compartir
información bancaria y relacionada sin el estorbo del poder ejecutivo, lo que evita que
la corrupción se traslade a otros países judicialmente más débiles. Y cuarto y último,
paciencia, ya que lleva tiempo formar perfiles profesionales, muy técnicos y con
amplia experiencia (las primeras reformas constitucionales datan de 1988). Vaya,
lleva tiempo formar instituciones.

La Fiscalía General de Brasil ha sido tan exitosa que solo basta ver algunos de los
perfiles que ha perseguido (la lista es larga): Eduardo Cunha, ex-presidente de la
Cámara de Diputados y muy cercano al actual presidente brasileño; Henrique Alves,
ex-ministro de Turismo durante la administración de Dilma Rousseff y Michel Temer,
por el cual se han solicitado 78 años de cárcel; y Eike Batista, quien fuese el hombre
más rico de Brasil, extraditado… pero de Estados Unidos a Brasil, y actualmente
cumple una pena de 60 años. Ah, y Lula, cuya sentencia fue confirmada y aumentada

por unanimidad en segunda instancia. Aunque aún puede impugnar, es muy probable
que quede fuera de la elección presidencial y, hagan sus apuestas, termine en la cárcel.
¿Y de qué es acusado? Agárrese de su asiento o de lo que tenga a la mano: de haber
recibido una propiedad de un contratista de gobierno, y haber sido uno de los
principales autores de un entramado de corrupción que involucran contratos de
PETROBRAS, financiamiento ilegal a su partido y favores personales. Como dirían los
gringos: ¿Ring a bell? (¿Le suena a algo?).

Mientras tanto, en México: no hemos podido transitar a una Fiscalía, tenemos a un
encargado de despacho en la Procuraduría General de la República (PGR), no tenemos
Fiscal Anticorrupción, tenemos otro encargado de despacho en la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), no hemos nombrado a los 18 magistrados anticorrupción, y
algunas, solo algunas de las personas involucradas en casos de corrupción de alto
perfil están arrestadas, pero en parte por presión popular o conveniencia política. Las
excepciones hoy: Chihuahua y Quintana Roo. Y no recuerdo extradiciones de Estados
Unidos… a México.

La iniciativa “anticorrupción” de Meade es “atole con el dedo”, pero gracias a ella ya
sabemos “de qué lado masca la iguana”. Ricardo Anaya se ha declarado por una fiscalía
independiente, sin dar mayor detalle. López Obrador cree que si el Presidente es
honesto, los demás serán honestos, y “no hace falta que haya leyes, no hay ninguna ley
que permita robar, si el problema de México fuesen las leyes no habría problemas”.
Estado, instituciones: Lula podrá tener un 80% de popularidad, juntar a masas de
brasileños para apoyarlo, gritar y vociferar. Pero en Brasil, hay una institución
llamada Fiscalía General de Brasil, y la justicia efectivamente tiene una balanza que
juzga, una espada que hace cumplir sus resoluciones, y es ciega, ciega.

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