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Tijuana.- Desde la máxima tribuna, la del Congreso del Estado, el diputado David Ruvalcaba Flores exigió que la procuradora general de Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra haga su chamba y muestre avances en torno a la averiguación previa que se inició luego de que el cuatro de junio por la tarde un grupo de panístas encabezados por dos funcionarios del gobierno del estado sustrajeron vales y otros bienes que suman 60 mil pesos.

El asunto fue considerado por algunos diputados como un tema partidista electoral, aunque hay que aclarar que la solicitud de exhorto a la procuradora fue aprobada por unanimidad. El caso aunque fue centrado en una sola averiguación previa, bien valdría la pena que se generalizara porque son muchas situaciones similares que se viven a diario sin que se procure justicia para los ofendidos.

El Índice Global de Impunidad en México señala que Baja California está situado entre las entidades del país con mayor índice de impunidad al lado del Estado de México, Quintana Roo, Durango y Tamaulipas. Ocupan el segundo lugar mundial y el tercero nacional, respectivamente, de acuerdo con los resultados de la primera edición del "Índice Global de Impunidad", realizado por la Universidad de las Américas de Puebla y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla.

Dentro de lo malo, lo bueno es que ahora le tocó a un legislador vivir en carne propia la costumbre de hacer de las averiguaciones un asunto para la estadística, porque la verdad es que no se investigan la mayaría, eso ha generado que en el IGI, Baja California esté con un grado de 9 en la escala de impunidad.

El reporte completo se puede ver en esta liga: http://www.udlap.mx/igimex/assets/files/igimex2016_ESP.pdf

De vuelta al asunto que presentó el diputado Ruvalcaba, debemos tomar en cuenta que el daño no se lo hicieron a él o a su equipo de colaboradores, los verdaderamente afectados fueron los niños a quienes iban dirigidos esos vales para uniformes escolares. En este asunto ya la Corte se pronunció por que no existe el delito por el que se alebrestaron los funcionarios del Gobierno del Estado, pero ahora falta que la Procuraduría del Estado se ponga a trabajar y deslinde responsabilidades y castigue a quien se lo merezca. Y de paso que se siga con el cúmulo de asuntos que ha destinado al "Artículo Sesto", porque ahí es donde las mandan y la impunidad se pasea muy campante.

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