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Expediente Político
Por.- Alfredo Calva
 
¿Y las “gaseritas"?....
Con su impostada moral y su simulación de buen gobierno, la presidente
municipal del quinto municipio, Mirna Cecilia Rincón Vargas, ha logrado
llevar en sus casi tres años de gestión, sustanciales ganancias gracias a su
corrosiva ambición y a la corrupción que ha sido la única constante en su
administración, la cual práctica, fomenta y protege desde que arribo al frente
del VII Ayuntamiento, arropada y cuidada en estas lides por quien por
mandato de ley debió de impedírselo, Miguel Ángel Vila, el Sindico
Procurador.
De la cloaca en que convirtió su gobierno recién emergió otro asunto con
fétido aroma de corrupción, a través del soborno otorgar anuencias para la
instalación y operación de los negocios conocidos como “gaseritas", para ello,
requería que la mayoría de los integrantes del cabildo le autorizaran a
invalidar la veda para éste tipo de negocios que ella misma impuso en sesión
del cuerpo edilicio en marzo del 2017.
Programó sesión de cabildo hace unos días con el fin, entre otros asuntos,
levantar la veda para las “gaseritas” y, conceder la anuencia para que la
empresa asociada a ella, Gas Rivera, instalará 5 negocios de almacenaje,
distribución y venta de gas L.P., sin embargo, al trascender a la comunidad su
ambiciosa intención, sectores de la comunidad rosaritense ejercieron presión
a graves de serias críticas y señalamientos por su comportamiento, que al
inicio de la sesión en cuestión, giró la instrucción de que se quitara del orden
del día ese tema.
Y hasta el momento todo parece indicar, que, a Rincón Vargas se le cayó el
negocio y ya no retomará el asunto de las “gaseritas", lo que hará hacerla
quedar mal con sus asociados de Gas Rivera.
 
Lo anterior, hace tener presentes su adicta tendencia a la corrupción, lo que
ya no extraña a los ciudadanos, lo que nos hace evocar el periodo de
transición cuando era alcaldesa electa, y sus cercanos rumoraban sobre el
sustancial reconocimiento económico (señalan las fuentes consultadas, que
el bono ascendió a un millón y medio de pesos) por parte de la empresa que
tiene el contrato de concesión de la recolección de la basura doméstica, para
que no se opusiera a la ampliación indebida del contrato por otros 17 años,
hecho que finalmente sucedió en sesión de cabildo celebrada por los
integrantes del cuerpo colegiado del VI Ayuntamiento que encabezaba
Silvano Abarca Macklis.
Desde el mes de diciembre del 2016 la alcaldesa de Rosarito mostró lo que
sería su gobierno y lo que los rosaritenses podían esperar, el primer indicio
fue su pretensión de incrementarse su salario en un 40 por ciento, lo que le
causó el repudió de la población y se vio obligada a recular en su pretensión.
Para los rosaritenses no está oculto las tranzas que ha ordenado Mirna
Rincón, la licitación de la concesión de arrastre y almacenamientos de
vehículos, el terreno que acordó dejar perder con la empresa constructora
que desarrollaría viviendas para los elementos de la policía municipal, con
una extensión de 4 hectáreas, localizadas en la delegación municipal de Plan
Libertador, la adquisición de 15 vehículos para emplearse como patrullas a
través de un proceso de licitación arreglado para comprar las unidades a un
sobre costo de 250 mil pesos por vehículo, lo que generó un daño
patrimonial a las arcas municipales de tres millones de pesos, dinero que
dicen sus cercanos, fueron a parar a sus alforjas, solo por citar algunos
ejemplos.
Y, todas sus corruptelas son del conocimiento del Sindico Procurador, Miguel
Ángel Vila, quien solo se ha dedicado a ser un simple espectador de las
acciones indebidas cometidas por la alcaldesa o por sus instrucciones, una
indolencia y omisión que ha contribuido a dañar el patrimonio de los
rosaritenses.
Ambos personajes confían en que al término de su gestión contarán con
impunidad, que no habrá ninguna acción punitiva en su contra, gracias al
 
pacto político que hicieron con los liderazgos de Morena y con el gobierno
municipal electo.
Para eso son los arreglos políticos.
 
Y mientras tanto….
A través de un audio se comprueba que la sesión de cabildo en Rosarito
realizada el 9 de julio pasado, en donde ratificaron la “Ley Bonilla", fue solo
un acuerdo entre 7 de los doce integrantes del cuerpo edilicio.
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