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Expediente Político

 

Si algo se le tiene que reconocer al director de Tránsito y Transportes Municipales del VII Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Enrique Díaz Pérez, es su lealtad hacia los socios de las empresas transportistas Quinto Municipio y Transportes Amaro, que les ha mostrado y demostrado aún por encima de sus obligaciones como titular de la dependencia y en especial, por encima interés y seguridad de los rosaritenses.

Díaz Pérez, en su afán de quedar bien con sus “jefes" de facto, no le ha importado ignorar los acuerdos del cabildo y sus ordenamientos, así como lo estipulado en el reglamento de Tránsito y Transportes vigente, incurriendo no solo en la comisión de una falta de carácter administrativo, sino posiblemente del ámbito penal, al otorgar anuencias a fin de que registren y den de alta en recaudación de rentas del gobierno del estado, unidades tipo URVAN con capacidad máxima para 15 personas, como transportes masivos de pasajeros, cuando el ordenamiento establece como capacidad mínima en las unidades deberá de ser de 24 pasajeros.

Éstas unidades que desde hace semanas se encuentran en circulación prestando un servicio a los ciudadanos al que por reglamentación no están autorizados, pero que, por el contubernio entre empresas y director, brindan transporte masivo en la ruta de Rosarito a la delegación municipal de Primo Tapia, siendo utilizadas con mayor número de personas que la capacidad diseñada de fabricación, lo que las torna inseguras e inestables con el consecuente riesgo de un accidente de consecuencias funestas.

A éste potencial riesgo a la integridad física de los usuarios del transporte masivo, se suma el daño que están haciendo al patrimonio de todos aquellos transportistas que brindan el servicio en esa ruta a través de los denominados taxis colectivos, unidades que circulan con el número de personas que marcan el reglamento, sin alterar la capacidad con sobrecupo como las que metieron las empresas Quinto Municipio y Transportes Amaro con la venia de Díaz Pérez, pero con un costo en el pasaje más elevado que el del transporte masivo, lo que irá en el detrimento económico de los permisionarios.

Lo anterior, ya ha generado expresiones negativas y de inconformidad entre los usuarios del transporte masivo, quienes ven y sienten que su integridad física se pone en riesgo con esas unidades al ser abordadas por un mayor numero de personas de las que fueron diseñadas, sin importar que tan nuevas estén los vehículos, el peligro por inestabilidad y seguridad es latente, y que por razones de dinero,- 20 por ciento más económicos que los taxis colectivos-, se ven obligados a abordar.

Con respecto al gobierno del estado, será interesante conocer la explicación del titular de la oficina de Recaudación de Rentas, del porque se permitió el registro de las unidades, en esta trama de ilegalidad orquestada por empresas y el director de Tránsito y Transportes, en la ventanilla exclusiva que opera para realizar cualquier tipo de movimientos relacionados al transporte público.

Es difícil de creer que no hayan detectado esta anomalía, si bien es cierto, que las empresas presentaron la anuencia de la dirección, existe un antecedente similar en las oficinas de la misma dependencia pero en el municipio de Tijuana, en donde, transportistas de aquella demarcación, intentaron dar de alta vehículos con capacidad menor a la que deberían de ser, y a través de un dictamen del Consejo Municipal del Transporte, se le solicito a Recaudación de Rentas en ese municipio, no registrará e inscribiera unidad alguna.

En realidad éste asunto apenas emerge a la opinión pública, veamos hasta donde llegará la colusión entre las empresas y el director de transportes municipales, y hasta donde el cabildo y la presidente municipal, Mirna Rincón Vargas, lo permitirán y, si éstas acciones tendrán medidas punitivas.

Lo iremos descubriendo.

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