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GobBC2013-2019


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Por.- Alfredo Calva
 
Conflicto entre congaleros, expone corrupción en poder judicial….
En cada ocasión en que entes con bastante poder económico y político se
enfrentan en los tribunales, emerge a través de alguna de las partes la
podredumbre y corrupción en la que nadan los miembros del poder judicial,
tanto en la federación o las entidades federativas, derivado de la oposición
de dar carácter independiente, administrativa y jurídicamente, por parte de
la SCJN y los TSJE, a los consejos de las judicaturas respectivas.
En Baja California no es la excepción, y su caso más reciente de lo anterior lo
expuso a la luz pública el conflicto legal que vive el empresario congalero,
Gerardo Álvarez Jiménez, con consanguíneos que incluyen a su señora
madre, en los ámbitos jurídicos penal y civil mercantil en las ciudades de
Tijuana y Aguascalientes.
De acuerdo a la información que ha generado este conflicto en el que está
involucrado Álvarez Jiménez, económicamente poderoso y de gran
aceptación en los círculos del poder político en el estado, al menos hasta que
mostró su interés por el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador,
fue demandado penalmente ante la Procuraduría General de Justicia de Baja
California, acusado de robo, falsedad, administración fraudulenta, y por
privación ilegal de la libertad, en la Fiscalía General del estado de
Aguascalientes.
Y de acuerdo al nuevo sistema de justicia, el agente del ministerio público
encontró los elementos jurídicos suficientes y determinó enviarlo al poder
judicial del estado.
Que entre empresarios, y en especial los dedicados al ramo de los cabarets,
congales y hoteles de paso, el robo, la falsedad y las administraciones
fraudulentas, son la cotidianeidad entre los asociados, lo destacable en este
 
espinoso asunto, es la privación ilegal de la libertad de que lo acusa la señora,
María Guadalupe Jiménez Loza, quien es madre de Álvarez Jiménez y a quien
señala y responsabiliza de haberla privado de la libertad en octubre de 2017,
para obligarle a firmar unos papeles que lo harían propietario absoluto de
tres negociaciones ubicadas en la zona norte de Tijuana.
La señora denuncio el ilícito de que fue víctima de su vástago ante el
ministerio público de Aguascalientes, a quien dijo que con amenazas la obligo
ante el licenciado, Eduardo M. Navarro Vallejo García Travesi, notario
número cuatro en Tijuana, a firmar documentación en favor de su hijo de los
derechos de las negociaciones, Hotel Coahuila, Valentina Bar y Adelita Bar.
El expediente de investigación que se encuentra en manos del ministerio
público, se añade la acusación en contra de Álvarez Jiménez de apropiarse de
manera violenta de la administración de los negocios copropiedad de su
madre y dos primos, con el apoyo de un actuario de los juzgados civiles y
patrulleros municipales a mediados del pasado mes de diciembre del 2017.
Es por ello, y porque sus acusadores, los accionistas que luchan jurídicamente
por la restitución de sus derechos mercantiles, han declarado ante la fiscalía
y poder Judicial, que la documentación que ha presentado el imputado
Álvarez Jiménez carece de validez legal, pero que con sus influencias dentro
del poder judicial las hará valer, evitando con ello una sentencia
condenatoria que lo obligue a restituir los bienes que con trampas e
ilegalidades se ha apropiado.
Ante ésta situación, los denunciantes exigen y apelan a la probidad y
honorabilidad del presidente del Tribunal de Justicia en Baja California,
magistrado Juan Salvador Ortiz Morales, para que también en su calidad de
presidente del Consejo de la Judicatura, analice la queja en contra de los
juzgadores implicados en este asunto, pues los perjudicados temen al final de
todo, se exonere de los cargos a Gerardo Álvarez Jiménez, en lugar de estar
en prisión.
Veamos que resulta de éste conflicto que emerge de nueva cuenta a la
opinión pública, la corrupción que se vive en los juzgados de civiles y penales
del estado, y que, cuando menos antaño, los integrantes del Consejo de la
 
Judicatura han solapado, convirtiéndose en sus cómplices en lugar de sus
fiscalizadores.
 
Y mientras tanto….
¿Cual será el discurso para ocultar la incapacidad para brindar seguridad a
sus conciudadanos del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, ante el artero
asesinato del periodista Carlos Huerta?.
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