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GobBC2013-2019


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La principal obligación del gobernador, Francisco Vega de Lamadrid y de la
presidente municipal de Playas de Rosarito, Mirna Rincón Vargas, en un
sistema democrático, es el de garantizar los derechos enmarcados en los
ordenamientos constitucionales y legales a todos sus gobernados, entre
ellos, la libertad de manifestarse y de libre tránsito.


Sin embargo, el pasado viernes 23 de Marzo, Vega de Lamadrid, suprimió
estos derechos a un grupo de ciudadanos del quinto municipio que
protestaban en contra de él y de su ambicioso deseo de construir una planta
desaladora en la demarcación, a través de los elementos de sus
corporaciones, policía estatal preventiva y ministerial, así como personal
administrativo como el subsecretario de gobierno de Tijuana, Enrique
Méndez y el delegado de la Secretaria General de Gobierno en Rosarito,
Silvano Abarca Macklis.
Lo anterior, con la complacencia y apoyo de la primer edil rosaritense, quien
en los últimos días ha sido duramente cuestionada por sus gobernados por la
opacidad y doble discurso con la que se ha conducido respecto a la
construcción de la planta desaladora y lo referente al otorgamiento de los
permisos de Uso de Suelo y Construcción que requiere la empresa para
edificar la planta y que ella hasta el momento sostiene que no los ha
entregado.
La inconformidad de los ciudadanos generada por una obra que no quieren
que se construya en su municipio por los daños al medio ambiente y la deuda
que les causará, deciden llevarla a las calles al enterarse que el gobierno de
Kiko Vega, programa y prepara la ceremonia de colocación de la primer
piedra de la desaladora, lo que va en contra sentido a lo asegurado por la edil

rosaritense, sobre que la empresa responsable de la construcción no cuenta
con las anuencias respectivas para la ejecución de la obra.
Por esta razón, la intención de los manifestantes era la de llegar al sitio
donde se encuentra el predio en el que se pretende construir la desaladora
para entregar un documento al titular del ejecutivo estatal, en el que le dan a
conocer al gobernador su repudio a la obra y las razones de ello.
Sin embargo, su deseo fue frustrado por los elementos de las policía estatal
preventiva y ministerial, con apoyo de integrantes de la policía municipal de
Rosarito, quienes siguiendo instrucciones en una acción arbitraria, de
represión y de clara intención de utilizar la violencia en contra de los
manifestantes a la menor provocación -pretexto que no les dieron los
inconformes-, bloquearon las calles de acceso al lugar negándoles el paso y
coartando su derecho al libre tránsito, con las obvias molestias también para
quienes residen en esas áreas.
Conculcar los derechos de los ciudadanos es generalmente la etapa en la que
desembocan los gobiernos ineficaces, poco transparentes y con fétidos
aromas de corrupción, como los de Vega de Lamadrid y Mirna Rincón, que
son rebasados por las exigencias de los gobernados que se hartan de la
ineptitud y descarada complicidad con la que laceran la calidad de vida de los
ciudadanos, mientras ellos y sus preferidos se benefician de las arcas y
programas de gobierno, y por el desaseo con que conducen la
administración.
La planta desaladora es una obra concebida desde las entrañas del gobierno
de Francisco Vega desde el arribo de su administración, planeada y ejecutada
para el beneficio de funcionarios y empresarios por un lapso de 37 años, con
cargo a los bolsillos de los bajacalifornianos, simulando una asociación entre
el gobierno estatal y un consorcio de empresas que solo son la pantalla de lo
que, si los rosaritenses lo permiten y se dejan, el mejor negocio del sexenio, y
por mucho.
Este asunto apenas inicia, la resistencia opositora a la construcción de la
planta desaladora ira en aumento, la ciudadanía no vio con agrado las
acciones de represión a los manifestantes, en las que apoyó con elementos
de la policía municipal Rincón Vargas, su imagen, credibilidad y confianza se

encuentra en el suelo, ya que después del presidente municipal de Tijuana,
Juan Manuel Gastélum alias ¨El Patas¨, es la peor evaluada de los acaldes en
la entidad.
La historia continuará.

Y mientras tanto….
Que tan honorables y confiables serán los socios de la empresa a la que se le
entrego el contrato de construcción de la desaladora, que hasta entre ellos se
defraudan.

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