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Expediente Político
Por.- Alfredo Calva
Tal parece que al igual que en la Dirección de Inspección y Verificación, el Secretario de General de Gobierno, Raúl Luévano, tendrá que meter la mano para poner orden ahora en Transito y Transportes, en donde la corrupción no se ha detenido con el cambio de administración, contraviniendo las indicaciones del alcalde Juan Manuel Gastélum al titular del área, Javier Salas.

El responsable de la dependencia que regula todo lo relacionado con el transporte publico, de carga y pasajeros, desde su arribo se ha ido por la vía libre, sin rendir cuentas o seguir las instrucciones de no permitir los actos de corrupción que en la anterior administración eran harto conocidos, y sin dar resultados hasta el momento, en las tareas que le asignaron el primer edil y su superior inmediato, Raúl Luevano, de poner orden en el transporte público.
De acuerdo a lo trascendido entre el personal de la dependencia, a la llegada de Javier Salas, este se coludió con un elemento que es sindicalizado y que es conocido por su alta capacidad para la corrupción de nombre, Edgar Ramírez, mejor conocido por la tropa como el Pipo, quien de inmediato acerco a su mejor operador externo y quien es un generador de economía para los jefes, José Cruz Retes, conocido entre los taxistas como el Zopy.
Estos dos personajes de inmediato enteraron al nuevo director de las sustanciales ganancias que genera la corrupción en validad, y obviamente acordaron la continuación de estas practicas que les da jugosas cantidades de dinero, el famoso Zopy es un especialista en la comercialización, compra y venta, de permisos y anuencias de placas de taxis, libres y de ruta, y brinda bajo pago de cuota, protección a taxis piratas, "amparados", o con papelería falsa.
Lo recaudado por el director Salas y sus asociados se encuentra integrado por diversos rubros que se manejan en la dependencia, transporte de carga, en el que entran desde los tráileres, los que transportan materiales, repartidores, etc, en este rubro consiguen mensualmente alrededor de 200 mil pesos, luego se agrega el concepto por revisión mecánica, en el que existen dos afeas de recaudación extraoficial, los que están en el interior de la dependencia, generalmente seis elementos, que cobran a los taxis de ruta y libres 400 pesos por darles el visto bueno, y cada uno de ellos revisa generalmente de 15 a 20 unidades por día, por cinco días a la semana, lo que en promedio suma de 40 a 50 mil pesos por semana, al mes otros 200 mil pesos.
Por lo que se refiere a la protección a los taxis de ruta y libres, el padrón que se maneja de acuerdo a lo informado por los cercanos a la dirección, es de aproximadamente 800 unidades, las cuales pagan en promedio 2500 pesos por semana, así que la suma por mes es de casi ocho millones de pesos, dinero nada despreciable y sustancial que permite a quienes se lo están distribuyendo, engordar sus cuentas personales.
Si es verdad lo expresado por el presidente municipal y su Secretario de Gobierno, de no permitir actos de corrupción, pues entonces a Raúl Luévano le espera una difícil tarea en la Dirección que regula el transporte público, porque elementos como Edgar Ramírez, son basíficados y eso implica una posible confrontación con el sindicato de burócratas, pero la asepsia debe de hacerse sin importar quien o quienes sean los implicados, obviamente el personal operativo está inmerso, ya que para guardar las apariencias el Ramírez les pide a cada agente ocho multas para que ingresen a cajas y no despertar las sospechas de la Secretaria de Gobierno, o del propio alcalde.
Si en verdad desean realizar una administración transparente, es urgente que se ponga orden en la Dirección de Transito y Transportes.
Veremos que harán el responsable superior y el propio alcalde.

Y mientras tanto....
En la Sindicatura Municipal del VII Ayuntamiento de Rosarito, iniciarán la investigación sobre la caja recaudadora que extraoficialmente operaba con el consentimiento del entonces alcalde, Silvano Abarca Macklis, la empresa que tiene la concesión de arrastre de vehículos, para saber cuanto fue el dinero que se cobró y nunca ingresó a las arcas municipales.

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