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Expediente Político
Por.- Alfredo Calva
Nuevo avance para los residentes de la delegación municipal de Playas de Tijuana, que se ven obligados a cruzar y pagar en la caseta de cobro que se encuentra localizada sobre la carretera Escénica en esa demarcación, para entrar o salir de sus domicilios, al haber obtenido un 25 por ciento más de descuento en el pago que hacen.

En reunión efectuada en la ciudadanía de México, entre el subsecretario de Infraestructura Carretera y la representante de los afectados, licenciada Mónica Jiménez, promovida e impulsada por la diputada federal Nancy Sánchez Arredondo, el funcionario hizo de su conocimiento del nuevo porcentaje a descontar.
El cual se adiciona al 50 por ciento que consiguieron el pasado siete de junio presionando a la misma dependencia, y que adicionado al recién obtenido, suma un 75 por ciento menos al momento de pagar por los afectados al cruzar la caseta.
La lucha que por años han sostenido los más de 17 mil personas que radican en fraccionamientos como Baja Malibú, Real del Mar, San Antonio del Mar, por fin empiezan a ser escuchados y atendidos por las autoridades federales, que desde el inicio de su movimiento se mostraron sordos e indolentes.
Sin embargo que no se confunda la aceptación de este avance con un conformismo por parte de los afectados, su objetivo único es el de lograr a lo que por ley tienen derecho, al libre tránsito para acceder o salir de sus viviendas, pues no son responsables de la estulticia gubernamental de los tres ordenes de gobierno, que no previeron una ruta alterna cuando se construyó la carretera Escénica, para los radicados en la zona.
Así que la lucha continuará.

¿Y los 70 mil millones?.....
Tras el conflicto registrado entre la Coneval y el Inegi, el gobierno federal hizo mutis echo tierra al problema y oculto el destino que tuvieron los 70 mil millones de pesos etiquetados para aplicarse en infraestructura social, que se vararon gracias al conflicto entre las dos dependencias descentralizadas del gobierno federal.
La confrontación entre los organismos el Instituto de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), y el ente responsable de evaluar los niveles de la Política de desarrollo social en nuestro país (Coneval), cual do esta última no acepto los parámetros de medición de la pobreza utilizados de manera unilateral por el Inegi, porque rompieron con la continuidad en la medición de la pobreza con respecto a años anteriores.
El titular de Coneval, Gonzalo Hernández Licona, acusó abiertamente al Inegi de cambiar de manera unilateral las variables en las fórmulas de medición de la pobreza, al no consultar a Coneval de esta acción como era su obligación, y por lo tanto, los resultados que arrojaron los estudios realizados no pueden ser confiables.
Resultados que servirían como base para la distribución a los estados y municipios de 70 mil millones de pesos para ser aplicados por los gobiernos s en infraestructura social, y al no aceptar Coneval los resultados del Inegi, los recursos quedaron suspendidos y en consecuencia los afectados serán como siempre y es costumbre en este país, los que menos tienen.
Como era de esperar el conflicto entre los titulares de Coneval e Inegi al desbordarse, género la intervención de la oficina de la presidencia, quien ordeno la destitución del director de Estadística de Inegi, Miguel Juan Cervera, lo que se interpretó como aviso por los titulares de las dependencias en conflicto de guardar silencio.
La disciplina mostrada por los funcionarios federales fue de admirarse porque contribuyó a sepultar el conflicto, lo saco de los reflectores mediáticos, sin embargo, dejo sin solución el asunto de los recursos varados, 70 mil millones de pesos, que hasta el momento no han sido distribuidos a los municipios y entidades federativas para su aplicación.
Y como está la situación en las arcas nacionales, no se distribuirán.

Y mientras tanto.............
La federación se sigue haciendo sorda y ciega, por su actitud indolente al problema serio que se vive en Tijuana con el arribo de extranjeros que buscan ser aceptados por el gobierno de Estados Unidos, bajo la figura de asilados políticos.

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