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Tijuana.- La resolución dictada por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deja ver que los magistrados Gabriela Eugenia del Valle, Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez y Mónica Aralí Soto Fregoso, le envían un mensaje claro a sus homólogos para que revisen a conciencia el actuar del Instituto Estatal Electoral antes de emitir sus fallos.

Los colegiados del tribunal de Guadalajara le hicieron ver en su sentencia que los magistrados de Baja California resolvieron en base a una práctica equivocada sobre la transmisión de un promocional de Juan Manuel Gastélum que fue transmitido fuera de tiempo y que los bajacalifornianos "omitieron" tomar en cuenta las probanzas técnicas presentas por el Partido Revolucionario Institucional, ya que no fueron valoradas en el fallo que emitieron.

El PRI señaló que el video promocional se transmitió en la sala número 8 de un complejo de varias salas de cine de la ciudad, el pasado 2 de junio, tiempo de la veda electoral, sin embargo el secretario fedatario se presentó al día siguiente en la sala número 14.

Los magistrados advirtieron que el Tribunal local debió contrastarlo con el acta circunstanciada que levantó el Secretario Fedatario, así como con los demás documentos allegados, valorando cada una en su justa dimensión. Por ello, ordenó la realización de otras diligencias adicionales que permitieran saber con certeza, si es que el spot denunciado había sido difundido en la etapa de veda.

Con este fallo el TRIFE muestra que últimamente está revisando con mayor detenimiento cuestiones técnico jurídicas que antes dejaba pasar; lo que significa que se ha vuelto más estricto en el cumplimiento exacto de la ley, justo cuando el tribunal en Baja California anunció que se cerró el periodo de instrucción en el juicio de nulidad presentado por el Partido Encuentro Social, el PRI y hasta el de Juan Manuel Gastélum, Acción Nacional.

Para nadie es un secreto que el Tribunal de Baja California está integrado por dos panistas y un priista más que identificados en quienes recae la responsabilidad de dictaminar y evaluar si es procedente o no volver a convocar a elecciones para alcalde en Tijuana y en lo técnico jurídico los del PES consideran tener la razón, pero temen una resolución más cargada al lado político.

De acuerdo con el Artículo 13 de la Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos para el Estado de Baja California el primero de octubre es el día indicado para que inicie el proceso en el que los gobernantes actuales habrán de entregar a los que resultaron electos, pero para que estos últimos puedan recibir deben estar reconocidos plenamente  por la autoridad electoral competente.


La constancia de mayoría entregada a Juan Manuel Gastélum luego de la elección en Tijuana, está impugnada por lo que está reconocido pero aún no plenamente por el órgano electoral y las demoras del Tribunal que rezagó este asunto pueden impedir una transición tranquila del Ayuntamiento en la llamada "frontera más visitada del mundo".

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