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Estamos a dos días de que de acuerdo con la Ley deba comenzar el proceso de transición en el Ayuntamiento de Tijuana, que de acuerdo como han sucedido las cosas será para el Partido Acción Nacional con Juan Manuel Gastélum a la cabeza, sin embargo del lado blanquiazul poco o nada se sabe de quienes integrarán el equipo que habrá de recibir la administración pública de manos de Jorge Astiazarán y su equipo.

Aquí el asunto está en manos del tribunal, que todo parece indicar está dejando para el último una resolución que está atrasando la vida institucional del Ayuntamiento de Tijuana, y que de paso deberá ser muy cuidadoso con él sí es que quiere salvar el poco prestigio que le queda como guardián de la legalidad de los procesos electorales en Baja California.

Mucho se rumora, es más se grita, que el origen laboral del Magistrado presidente pone en tela de duda su imparcialidad ya que el licenciado Martín Ríos Garay antes de ponerse la toga en el máximo tribunal estatal, fue empleado del gobernador Francisco Vega de Lamadrid y mucho se critica que su nombramiento fue un arreglo político para tener controlado el órgano colegiado.

Para los involucrados en el caso, luego de la resolución estatal queda el recurso ante el tribunal federal y pues ambas instancias llevan tiempo y aunque la resolución de este asunto tiene como plazo fatal el primero de diciembre, del sentido de su fallo dependen muchas acciones más que por donde se vea afectarán la vida ordinaria del gobierno de la ciudad, algo que no es en justicia bueno para los gobernados.

Si el fallo en los tribunales es en sentido favorable a quienes ya recibieron su constancia de mayoría pues complicaría el proceso de entrega recepción y sí le dan la razón a los inconformes pues ahí sí, las cosas serían completamente diferentes por cuestiones de tiempo ya que habría la necesidad de nombrar un Consejo Municipal mientras se convoca a la nueva elección.

El tribunal local tiene ante sí la posibilidad de legitimarse como un verdadero garante de imparcialidad electoral pues una resolución apegada y fundamentada en derecho que haga valer los alegatos de ambas partes abonaría en mucho a la buena marcha del gobierno principalmente entrante además de que justificaría los más de 23 millones de pesos que recibió este año de presupuesto.

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